Además de Blanco, los ministros que estarían a favor de la no confirmación de Piñánez serían Gladys Bareiro de Módica, Óscar Bajac y César Garay. Los mismos tienen el criterio de que los integrantes del alto tribunal son inimputables y, en consecuencia, creen que son dueños de los bienes y la vida de los habitantes del país.
En la plenaria del martes pasado, el ministro Blanco habría maniobrado para excluir a Piñánez del Ministerio Público y habría logrado el apoyo de los otros tres colegas señalados más arriba.
Se habló incluso de que más ministros habrían respaldado la moción de Blanco de elegir a la abogada Patricia Sánchez (con un buen currículum en la fiscalía), en sustitución de Piñánez.
Sin embargo, a través de la Secretaría General se informó que no existe ningún documento que avale la exclusión de Piñánez y que todo se trató de un mal entendido. Se aseguró que no hay acta firmada y que, por lo tanto, la no confirmación del referido fiscal es un simple rumor.
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Empero, el miércoles, el grupo de ministros (serían cinco) que busca ratificar a Piñánez se reunió en la presidencia de la Corte para analizar la situación.
Duras críticas
La maniobra de dejar fuera a Piñánez por el hecho de haber imputado a un ministro de la Corte fue muy criticada por los integrantes del Ministerio Público, quienes analizaron las medidas a tomar si se confirmaba la exclusión del referido fiscal.
Piñánez es integrante de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, en donde su trabajo es muy valorado. Además, su trayectoria como funcionario no tiene cuestionamientos.
Sin embargo, estos antecedentes no les importan a los ministros que a cualquier precio buscan su impunidad, aunque existan fuertes indicios de haber cometido, como en el caso de Blanco, el delito de prevaricato.
La Corte está muy desacreditada, no solo por las decisiones desacertadas de la mayoría de sus integrantes, sino también por el sometimiento a los poderes políticos y económicos y la falta de adoptación de medidas contra jueces y camaristas que actúan al margen de la ley, especialmente en juzgados del interior del país.
El alto tribunal incluso se convirtió en cómplice y encubridora de los políticos procesados por corrupción. Por un lado, no sanciona las chicanas promovidas por los acusados, que la convierte en cómplice. Por el otro, al admitir las dilaciones y el ejercicio abusivo del derecho, evita que los políticos sean llevados a juicio oral para ser juzgados y sancionados; lo cual implica el encubrimiento de los que robaron al Estado.
La imputación
El 25 de abril del año pasado, los fiscales Piñánez, René Fernández y José Dos Santos imputaron a Blanco y al exministro de la Corte, Víctor Núñez por prevaricato.
En diciembre del 2014, según la imputación, Blanco y Núñez cometieron prevaricato como miembros de la Sala Penal, al admitir en forma ilegal un recurso de casación planteado ante la máxima instancia judicial.
La denuncia contra Blanco y Núñez fue presentada por Peter Kennedy, quien había sido favorecido por el Tribunal de Apelaciones de Villa Hayes, que anuló una condena de seis años en su contra, en un proceso abierto ante la querella de Franklin Kennedy, quien promovió la casación.
EL CASO ESTÁ CAJONEADO
El 25 de abril de 2016, los fiscales Luis Pináñez, René Fernández y José Dos Santos imputaron por prevaricato al ministro Sindulfo Blanco. Desde esa fecha a hoy, el caso ni siquiera tiene un juez y está cajoneado en la Corte Suprema de Justicia.
La imputación al ministro nunca avanzó, pero ahora la Corte ya quiere dejar fuera del Ministerio Público a uno de los fiscales que firmó el pedido de procesamiento del integrante del alto tribunal.
Es una vergüenza la manera en que actúan los ministros, que hacen causa común y ahora le quieren pasar la factura a Piñánez, quien se atrevió a decir que existen sospechas de que un alto magistrado habría cometido el delito de prevaricato.