Los ministros de la Corte Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Miryam Peña rechazaron la recusación que planteó uno de los “caseros de oro” del diputado Tomás Rivas (ANR, cartista) contra las actuaciones del fiscal Piñánez y en consecuencia confirmaron al agente para seguir entendiendo el proceso.
Lucio Romero Caballero, uno de los caseros imputado el pasado 28 de diciembre, presentó recusación contra el fiscal Piñánez y alegó que existía una enemistad manifiesta con el representante del Ministerio Público, por lo que pedía su separación.
La Fiscalía General del Estado ya rechazó ese pedido y fue a la Corte para su estudio. Ahora los ministros señalaron que para que el odio o enemistad se constituyan en causal de separación de los agentes fiscales, debe ser manifiesto, de lo contrario, se desvirtúa el carácter autónomo del Ministerio Público de rango constitucional.
Siguiendo con el análisis, los miembros de la Sala Penal apuntan que no se ha constatado el supuesto odio o resentimiento manifiesto. Tampoco se presentó material probatorio que sustenten los dichos de la parte impugnante y por eso no puede correr el pedido de recusación.
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Finalmente se rechazó el incidente confirmando al fiscal Luis Piñánez.
Los caseros Reinaldo Chaparro Penayo, Lucio Romero Caballero y Nery Antonio Franco están acusados por los supuestos delitos de cobro indebido de honorarios, estafa, expedición y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso. Todos ellos figuran como contratados en la Cámara de Diputados, pero la fiscalía comprobó que son caseros del imputado legislador Tomás Rivas y trabajaban realmente en una casa que posee el diputado en Paraguarí.
La imputación también afecta al parlamentario pero, debido a las chicanas que presentó, hizo que la investigación quedara parada en relación a su persona.
Sus tres caseros sin embargo están a punto de ir a juicio oral a pedido de la fiscalía.
Las chicanas del imputado
La Corte Suprema de Justicia rechazó las chicanas del diputado Tomás Rivas (ANR, cartista) y confirmó en la causa a los camaristas Carlos Ortiz Barrios y Arnulfo Arias, quienes habían sido recusados. El expediente había ido a la Sala Penal de la Corte, y allí el legislador pidió que se apartara el ministro Luis María Benítez Riera. Con todas estas artimañas, el caso quedó parado por un total de ocho meses, hasta que esta semana se confirmó a Benítez Riera en el proceso, como también a los referidos camaristas. Ahora el Tribunal de Apelaciones tiene vía libre para resolver la acción presentada por Rivas contra la decisión del entonces juez Rubén Riquelme de solicitar el desafuero de ese congresista.