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Hace ya más de cuatro meses que la Contraloría General de la República planteó una acción de inconstitucionalidad para no entregar las declaraciones juradas de bienes y renta de las más altas autoridades del país en los últimos 20 años. La Corte Suprema de Justicia dio trámite a la acción, pero desde entonces ni siquiera la ha estudiado.
Ese organismo de control de las cuentas del Estado acudió ante la máxima instancia judicial para evitar entregar información que es pública y a la que debería acceder la ciudadanía para poder cotejar la situación patrimonial de los funcionarios públicos con sus ingresos.
La Contraloría presentó la acción luego de que el juez Rubén Riquelme y el Tribunal de Apelación Primera Sala de Asunción fallaran a favor del periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano, quien había acudido ante la Justicia ante las reiteradas negativas de la CGR de entregar la información que es pública.
La Sala Constitucional está conformada por los ministros Antonio Fretes, Gladys Bareiro de Módica y Myriam Peña Candia.
No corren traslado
A pesar de que han pasado ya más de cuatro meses desde la presentación de la acción por parte de la Contraloría, la Corte ni siquiera ha corrido traslado a los abogados del periodista para que estos puedan refutar los argumentos planteados por Enrique García.
De esta manera, los ministros juegan con los plazos procesales, al igual que la misma Contraloría, que sigue ganando tiempo para no entregar la información que debería ser pública.
“No está en la ley”
Uno de los pobres argumentos utilizados por los abogados de la Contraloría para insistir en no mostrar las declaraciones juradas es que estas no son calificadas como información pública en la ley de acceso a la información.
Textualmente, se aferran al artículo 8 de la Ley 5282/14, pero parece que tienen problemas de comprensión lectora, pues el título de ese apartado es “información mínima” y enumera toda la información que debe publicar de forma automática cualquier institución pública. Además, insisten diciendo que las declaraciones juradas son “patrimonio documental privado de las personas”.
Sin embargo, “las declaraciones juradas son información de índole patrimonial que constan en una fuente pública de información; esto es información pública”, explicó el abogado Ezequiel Santagada, del Grupo Impulsor de Acceso a la Información.
Piden juicios largos
Lo más grave de la acción planteada por los abogados de la CGR es que pretenden derogar la Acordada 1005/15 de la Corte Suprema de Justicia, que establece juicios por la vía del amparo para violaciones del derecho de acceso a la información.
Literalmente, los abogados del ente de control pretenden que quienes deban acudir a la justicia por negativas a sus pedidos de acceso a la información recurran a juicios ordinarios, con plazos rigurosos, perentorios e improrrogables.
Básicamente, la Contraloría, al mando del imputado José Enrique García, pretende destrozar los avances que se han producido en el Paraguay para que el acceso a la información pública sea relativamente rápido, eficaz y gratuito.
Justifica su negativa
“Nosotros lo que queremos es que el caso tenga una resolución que sea irrecurrible”, dijo el contralor Enrique García sobre la reticencia a cumplir dos sentencias que obligan a la institución a hacer públicas las declaraciones juradas de funcionarios.
“Pretendimos y pretendemos que la justicia resuelva en instancias definitivas”, dijo García, negando que la actitud de no hacer públicas las declaraciones juradas responda a un “desacato y tozudez”. Asegura que responde exclusivamente al criterio jurídico que ellos consideran se ajusta a la ley actual.
Ministros afectados
Los ministros de la Corte Suprema también se verán afectados por la decisión, debido a que en la solicitud de información presentada por Lezcano y que generó la acción judicial contra la CGR, los miembros de la máxima instancia judicial también aparecen entre los que deberían hacer públicas sus declaraciones juradas de bienes y rentas. Otro motivo más para la dilación.