La Corte, tras dar trámite a la acción judicial, corrió vista a la Fiscalía General del Estado para que este organismo se pronuncie.
En su resolución la máxima instancia judicial alega que, analizado el escrito de la demanda, “se constata que el accionante ha justificado concretamente la lesión constitucional alegada, como también ha citado las normas que considera vulneradas, exponiendo con claridad y precisión su planteamiento”. Cartes había recurrido a la Corte en su carácter de comandante en jefe de las FF.AA.
A raíz de denuncias de algunos abogados defensores de militares procesados por la Justicia Militar, que sostenían que las leyes militares no tenían vigencia porque nunca habían sido publicadas, en la Cámara de Senadores se empezó a analizar el tema.
El 28 de abril último el senador Fernando Lugo (Frente Guasu), como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, solicitó al entonces titular del Congreso, Mario Abdo Benítez (ANR), que requiera al Ejecutivo la publicación de la ley Orgánica de los Tribunales Militares, el Código Penal Militar y el Código de Procedimiento Penal Militar en tiempo de paz y de guerra, todos promulgados en 1980, en plena época de la dictadura stronista.
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En el pedido se advertía que, caso contrario, una de las dos cámaras del Congreso podrá publicarlas, conforme al Art. 213 de la Constitución.
El 4 de mayo último Abdo Benítez solicitó la publicación de las legislaciones, pero el Ejecutivo informó el 9 de junio que las leyes fueron publicadas en la revista Cerro Corá en 1981. El 23 de junio pasado el Senado aprobó el proyecto de resolución por el cual dispone la publicación en la Gaceta Oficial de las leyes militares del año 1980.
Los dictámenes en que el Ejecutivo se basó para sostener que las citadas leyes ya fueron publicadas y por tanto tenían vigencia surgieron del departamento jurídico del Ministerio de Defensa. De hecho el ministro de Defensa, Diógenes Martínez, sostuvo públicamente que las normas castrenses tenían vigencia y que una eventual publicación ordenada por el Senado generaría un caos jurídico.