/arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/ZWTA7YLF2VEE5F7B6V25WLI3M4.jpg)
Cargando...
La defensa pretende que la Corte revise al AI N° 58, del 1 de marzo del 2017, mediante el cual se dispuso la elevación de la causa a juicio oral, en lo que respecta a la admisión de las pruebas referidas.
“Es la instancia constitucional la que tiene que dirimir sobre la legalidad o ilegalidad de dicha prueba en virtud del artículo 36 de la CN, existiendo un antagonismo entre el artículo 228 del Código Procesal Penal, el cual sostiene el MP que le faculta a realizar dicha obtención de la prueba y en el convencimiento pleno de esta defensa, que dicha prueba debió realizarse por orden judicial”, sostuvo Paredes.
El fiscal Vicente Rodríguez destacó que esta cuestión ya ha sido planteada anteriormente ante la máxima instancia judicial en un caso similar y existe jurisprudencia que valida la actuación de la Fiscalía.
Esta presentación no suspende la tramitación del juzgamiento, el Tribunal de Sentencia no podrá dictar sentencia hasta que la Corte Suprema se pronuncie sobre el particular.