Según Rodríguez, con esto queda como inconstitucional la Ley 5534/15 que reglamenta los artículos 196, 241 y 254 de la Constitución. Dicha legislación inhabilita a legisladores y magistrados judiciales a ser rectores, decanos o administradores de universidades públicas.
Esta normativa fue conocida como la Ley anti-Ríos, en alusión al diputado Víctor Ríos (PLRA), cuestionado rector de la Universidad Nacional de Pilar.
Resolución
La Corte Suprema en su Sala Constitucional, integrada por Gladys Bareiro, Óscar Bajac y Antonio Fretes, resolvió hacer lugar a la suspensión de efectos de la Ley 5534/15 con relación al accionante hasta tanto sea resuelta la presente acción de inconstitucionalidad.
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La ley, presentada por el liberal Juan C. Ramírez Montalbetti, fue aprobada por la Cámara Baja el 11 de noviembre de 2015 por una amplia mayoría. La legislación atacada amplía las incompatibilidades al señalar que solo se podrán exceptuar los casos de ejercicio parcial de la docencia y la investigación científica siempre y cuando se realiza “en horas cátedra y como educador o investigador en una institución educativa”. Los artículos 196, 241 y 254 de la Constitución hablan de incompatibilidades para ser legislador, ministro de Ejecutivo y magistrado.