Con el voto de las ministras Alicia Pucheta y Miryam Peña, la Sala Penal dijo que los dos camaristas que integran el Tribunal de Apelaciones tienen que resolver la recusación que se presentó en caso de “niñera de oro”.
En la causa, el abogado Gabriel Chase, defensor del acusado Miguel Ángel Pérez, exjefe de gabinete de Bogado cuando era presidente de Diputados, había recusado a Pedro Mayor.
El abogado alegó que el referido camarista tenía que apartarse del juicio debido a que cuando fue juez compartió jornadas de trabajo con su entonces colega Óscar Delgado, quien tenía la causa en este momento. Agregó que ello afectaba la imparcialidad de Mayor.
El expediente fue a la Corte y ahora, la Sala Penal con voto en mayoría declaró inoficioso el incidente.
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Pucheta y Peña dijeron que la Sala Penal no tiene que resolver la recusación de Mayor, sino sus otros dos colegas que integran el Tribunal de Apelaciones, que son Mirtha González de Caballero y Cristóbal Sánchez.
Sin embargo, el camarista Gustavo Santander, quien conformó la Sala Penal, refirió que la Corte es la que tiene que resolver la recusación de un camarista.
Atendiendo esta postura, Santander analizó el fondo de la cuestión y refirió que se tiene que rechazar la recusación contra Mayor. Agregó que las manifestaciones del abogado Chase “no resisten el menor análisis, ni mucho menos pueden servir de sustento, ni apuntalar una recusación, que busca apartar a un juez natural del conocimiento y juzgamiento de una causa sometida a su competencia”.
“Por todo lo cual, se llega inexorablemente a la conclusión de que el incidente deducido responde únicamente a una finalidad meramente dilatoria y obstruccionista al normal y regular desarrollo del presente proceso”, enfatizó Santander.
De esta forma, los camaristas Sánchez y Caballero tienen el camino allanado para sancionar este ejercicio abusivo del derecho.
Hace más de dos años que no se puede hacer la audiencia preliminar, en la que un juez tiene que resolver si envía o no a Bogado, Pérez y la “niñera de oro”, Gabriela Quintana, a juicio oral. Los acusados se turnan para chicanear en el proceso.
Una vez que la cámara se integre tiene que resolver si la causa sigue o no a cargo del juez Óscar Delgado.
El magistrado se apartó de la causa al prestarse a una maniobra de Bogado, quien para trabar la audiencia preliminar presentó como nuevos abogados a José González Macchi y Víctor Galeano Perrone, quienes son amigos de Delgado. El juez tenía que rechazar la personería de los letrados y sancionarlos como dice una acordada. Sin embargo, el juez les dio una “ayuda” y ahora también se expone a una sanción, según la acordada dictada por la Corte, para evitar las dilaciones.
Antecedentes del caso
Víctor Bogado, Gabriela Quintana y Miguel Pérez, están acusados por cobro indebido de honorarios y estafa.
Bogado, cuando era titular de Diputados, consiguió que la niñera de sus hijas sea contratada en Itaipú, a sabiendas, según la fiscalía, de que iba a cobrar sin trabajar, ya que también había sido nombrada en la Cámara Baja.
El perjuicio al Estado es de G. 70 millones.