La cadena de recusaciones empezó el 4 de noviembre pasado, cuando Clara Haydée Silveira Arza, desafectada de la entidad por “planillera” y esposa del abogado liberal Manuel Radice, pidió la separación de los fiscales designados de oficio para la investigación.
Fue así que el abogado José Domingo Almada patrocinó la recusación primero contra los agentes Yolanda Portillo, Nadine Portillo y José dos Santos. Luego, pidió el apartamiento de todos los agentes de Delitos Económicos y hasta de su adjunto Federico Espinoza. Finalmente, el expediente recayó en la Unidad Penal Ordinaria a cargo de Leonardi Guerrero, quien también fue recusado por Almada.
Tras esa recusación, fue designada la fiscala Claudia Morys, quien lleva adelante la investigación por cobro indebido de honorarios contra unos 300 funcionarios de Justicia Electoral, todos desafectados por indicios de planillerismo.
El fiscal general del Estado Javier Díaz Verón confirmó a los recusados el 6 de noviembre, pero su resolución fue impugnada ante la Sala Penal de la Corte, que hasta el momento evita emitir un fallo y hay versiones de que es para dar una “manito” al ministro Alberto Ramírez Zambonini, correligionario e íntimo de Radice.
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Este último, por su parte, acomodó no solo a su actual esposa, Clara Haydée Silveira, sino a sus familiares Gloria María Paz Silveira Arza y Ana Catalina Arza y hasta a su “casero” Javier Giménez Torres. Asimismo, recibían su “tajada” las exesposas de Radice, Griselda Viveros Barboza y Patricia Silva Vallena.
En el grupo de investigados también se encuentra Jazmín Abdala Albertini (modelo), sobrina del ministro de la Corte Óscar Bajac y ahijada de Ramírez Zambonini. A su vez, aparecen Maira Abdo Benítez, hermana del senador colorado Mario Abdo; el exjuez y concejal electo Gustavo Bonzi; la modelo Jéssica Servín; así como el libanés Ghassan Hussein Awde, quien sería pareja de Rossana Alfonso, socia comercial de Radice.
A su vez, la contadora del abogado liberal, Patricia Chávez Mendoza, también está en mira.