Los procesos a Enzo Cardozo (actual senador liberal y exministro de Agricultura), Víctor Bogado (senador colorado), José María Ibáñez (diputado colorado), Enrique Salyn Buzarquis (exministro de Obras Públicas) y Rafael Filizzola (exministro del Interior), entre otros, se encuentran trabados en la Corte Suprema. Las salas que tienen que analizar las chicanas promovidas por los acusados ni siquiera están integradas, lo que implica que los procesos seguirán cajoneados en la máxima instancia judicial.
La sumisión de los ministros de la Corte al poder político hace que se conviertan en una suerte de encubridores de los acusados de dañar el patrimonio del Estado, ya que con la no resolución de los incidentes dilatorios, lo que hacen es evitar el juicio oral y la sanción a los legisladores y exministros.
La presidenta del alto tribunal, Alicia Pucheta, en su informe de gestión del 2016, señaló que se logró realizar 1087 audiencias preliminares más con relación al año pasado. Sin embargo, la ministra olvidó mencionar los casos de los políticos que están trabados en la Corte, gracias a la complacencia de los ministros que no sancionan a los chicaneros.
Uno de los casos más dilatados es el del exministro del Interior Rafael Filizzola. La sala constitucional ya confirmó que el político tiene que afrontar juicio por el perjuicio de casi G. 50.000 millones al Estado, mediante la compra irregular de helicópteros para la Policía.
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Sin embargo, Filizzola logró trancar de nuevo su caso mediante una reposición contra la sentencia y un pedido de nulidad de la misma. El expediente estaría cajoneado por el ministro liberal Óscar Bajac, con pedido de juicio político en el Senado.
Los dos procesos al exministro de Agricultura y senador liberal Enzo Cardozo están groseramente congelados en la Corte. En una de las causas, Cardozo está acusado de causar un perjuicio de G. 68.000 millones al Estado. En ambos casos, ni siquiera se pudo hacer la audiencia preliminar en la que se tiene que resolver si afrontar o no juicio oral.
La fiscala Victoria Acuña también le ayudó al senador liberal al dilatar una imputación por un perjuicio de más de G. 30.000 millones.
El senador colorado Víctor Bogado igualmente tiene su causa en la Sala Constitucional de la Corte, que no dicta resolución para que se pueda hacer la audiencia preliminar al legislador.
Bogado está acusado por un perjuicio de G. 71 millones al Estado en el caso conocido como “niñera de oro”. El político había conseguido que la niñera de sus hijas, Gabriela Quintana, sea contratada en Itaipú, siendo funcionaria nombrada en la Cámara de Diputados, cuando Bogado era presidente.
El diputado colorado José María Ibáñez es otro de los beneficiados por el alto tribunal. Su causa igualmente está en la Corte, con lo cual evita la realización de la audiencia preliminar.
Ibáñez, pagaba con dinero de la Cámara a los cuidadores de su casa de Areguá. Es más, la fiscalía demostró que se quedaba con parte del salario de los caseros, a quienes entregaba solo G. 800.000 mensual.
Enrique Salyn Buzarquis es otro de los favorecidos por la máxima instancia judicial. El político liberal, con chicanas promovidas ante la Corte, evitó la audiencia preliminar por un perjuicio al Ministerio de Obras Públicas.
Es una vergüenza, la impunidad que la Corte otorga a los políticos acusados de robar al Estado.
El alto tribunal, presidido por Pucheta, lo integran además Raúl Torres Kirmser, Miryam Peña, Gladys Bareiro de Módica, Antonio Fretes, César Garay, Óscar Bajac, Luis María Benítez Riera y Sindulfo Blanco.