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Hace más de cuatro meses que la Corte Suprema de Justicia cajonea una acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría General de la República (CGR) contra sentencias que obligan a hacer públicas declaraciones juradas de políticos.
Mientras la máxima instancia judicial se muestra lenta para el análisis de esa acción y ni siquiera ha corrido traslado a los abogados del periodista que ganó en dos instancias un juicio contra la Contraloría, es rápida para prejuzgar y tratar de influenciar a otro poder del Estado.
Abierta intromisión
El mismo día que el Senado estudiaba un proyecto de ley que establecía como obligatoria la publicidad de las declaraciones juradas, la Corte remitió a la Cámara Alta un dictamen en el que aseguraban que la legislación no debía ser aprobada.
El dictamen fue remitido por el titular de la Corte Suprema, Raúl Torres Kirmser. En una abierta intromisión en las funciones de otro poder del Estado, la Corte intentó así frenar la aprobación del proyecto que permitirá mayor transparencia.
Prejuzgaron causa
Además de la abierta intromisión en las funciones de otro poder, los ministros de la máxima instancia judicial incurren en un inocultable prejuzgamiento. La Corte debe estudiar todavía la acción de inconstitucionalidad planteada por la CGR para no entregar esos mismos datos.
El órgano de control presentó una acción de inconstitucionalidad contra los fallos de primera y segunda instancias que favorecieron al periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano, quien había planteado un amparo debido a las reiteradas negativas de la Contraloría a sendos pedidos de acceso a la información pública.
En esos pedidos de acceso a la información el periodista de nuestro diario solicitó también las declaraciones juradas de quienes ocuparon cargos de ministro de la Corte durante las últimas dos décadas.
Es decir, los ministros de la Corte Suprema intentan frenar también la publicidad de sus declaraciones juradas, violando abiertamente un derecho humano, como es el derecho de acceso a la información pública.
Rápidos a conveniencia
El dictamen enviado por la Corte al Senado apareció menos de dos semanas después de que se presentara el proyecto que finalmente fue aprobado por el Senado. Es decir, los nueve ministros fueron mucho más rápidos para prejuzgar la causa y entrometerse en las funciones de otro poder que para estudiar la acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría hace ya más de cuatro meses.
En una evidente dilación del caso, los miembros de la máxima instancia judicial no han corrido siquiera traslado a los abogados del periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano para que estos puedan refutar los alegatos planteados por la Contraloría.
Eso sí, la Corte ya repitió en su dictamen no solicitado al Senado, los pobres argumentos planteados por la Contraloría para negar el acceso a las declaraciones juradas. La máxima instancia sostuvo que los documentos son “patrimonio documental privado de las personas”.
Las declaraciones juradas son información de índole patrimonial que constan en una fuente pública de información; esto es información pública.