La licenciada Fátima Insfrán, directora de la Unidad de Operativa de Contrataciones, bajo el patrocinio de la presidenta de la Corte Suprema, Alicia Pucheta, y los miembros del Consejo de Administración, ministro Raúl Torres Kirmser y los consejeros Roberto Torres, Luz Antúnez, Edward Vittone y Alberto Martínez, presentó un escrito, el 16 de febrero pasado, ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, DNCP. En dicho documento, solicita que se revoque la resolución por la cual se hizo lugar a la protesta de Patria de Seguros y Reaseguros SA.
La Corte sostiene que la DNCP incurrió en un error de apreciación al acoger favorablemente la impugnación de Patria de Seguros.
“La Dirección Nacional ignoró los fundamentos técnicos y fácticos expuestos que avalaban la elaboración de los criterios de evaluación de la capacidad financiera en el Pliego de Bases y Condiciones, PBC. Los criterios de la capacidad financiera responden al monto del capital a ser asegurado que asciende a G. 961.368.776.034”, dice el escrito presentado bajo patrocinio de dos ministros del alto tribunal y consejeros.
“Es por eso que esta Convocante con absoluta motivación técnica y en atención a que la suma a ser asegurada se encuentra cerca del billón de guaraníes, fijó los criterios de capacidad financiera, hoy impugnados, a fin de asegurarse la contratación de una empresa de seguros con solidez económica demostrable con los años, cuestión que se encuentra relacionada a la capacidad de gestión de las aseguradoras. Exigir la demostración de la capacidad y experiencia del proveedor en los aspectos señalados es fundamental, pues el Estado no puede darse el lujo de improvisar o de dar oportunidades a entidades que no cuenten con la experiencia y capacidad demostrada, para asegurar la magnitud de riesgos y resguardar los bienes que, en última instancia pertenecen a todos los ciudadanos de la República”, afirma la licenciada Insfrán.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Cuestionamiento
Sin embargo, las empresas Patria de Seguros SA y Panal Compañía de Seguros Generales SA, en sus escritos ante la DNCP, hicieron graves acusaciones contra la Corte. Dijeron que el alto tribunal en forma arbitraria, incluyó en el pliego de bases y condiciones exigencias que tendrían como objetivo excluir de la licitación a 28 empresas y adjudicar la misma a determinadas firmas.
El principal cuestionamiento es la exigencia del capital social correspondiente a los últimos cinco años. Con este requisito, según los denunciantes, la Corte estaría direccionando la convocatoria hacia dos empresas, que en llamados anteriores el capital social exigido era de tres años.
Agregan que otro punto llamativo es que cuando hace referencia a otros requisitos, la convocante exige los últimos tres años, como el ratio de liquidez, endeudamiento y rentabilidad. “En la anterior licitación realizada en el 2015 para el mismo rubro, la Corte había exigido el capital social de los últimos tres años. ¿Cual ha sido el criterio para instalar tan disímiles indicadores?”, se preguntó Patria de Seguros en la protesta a la que hizo lugar parcialmente Contrataciones Públicas.
Llamativamente, pese a que la DNCP ordenó que se modifique el pliego de bases y condiciones, la Corte insiste en mantener requisitos excluyentes, con los que dejaría fuera a 28 firmas.
Incluso la jefa de la Unidad Operativa de Contrataciones presentó su escrito bajo patrocinio de la presidenta de la Corte y los miembros del Consejo de Administración, que no estarían facultados para ello.
Las firmas aseguradoras
El seguro contra todo riesgo del Poder Judicial hace años está a cargo de La Consolidada de Seguros SA, Aseguradora Yacyretá SA y Patria SA de Seguros. Dichas empresas tienen fuertes intenciones de seguir y para ello deben pelear dentro de esta convocatoria, que fue hecha por la Corte Suprema de Justicia el año pasado. La convocante habla de transparencia, pero hay cuestionamientos al llamado.
cbenitez@abc.com.py