24 de Agosto de 2016

| PIDEN QUE CONSULTAS SE HAGAN A TRAVÉS DE OFICINA DEL DENUNCIADO

Corte militar guarda reserva sobre investigación a jefe de las FF.MM.

La Suprema Corte de Justicia Militar mantiene un severo silencio sobre la denuncia penal por supuesta malversación contra el jefe de Fuerzas Militares Luis Gonzaga Garcete, que le derivó la Fiscalía de Delitos Económicos. Ante reiteradas visitas de ABC Color a la sede de la Justicia Militar, llamativamente el presidente del tribunal, general Pastor Agüero, pidió canalizar consultas a través de la oficina de comunicación del propio denunciado.

La Suprema Corte de Justicia Militar (Sucorjumil) guarda absoluta reserva sobre las denuncias de supuesta malversación que afectan al comandante de las Fuerzas Militares (FF.MM.), Luis Gonzaga Garcete. Niega información al respecto y hasta se declara dependiente de la unidad del máximo jefe castrense, derivando las consultas periodísticas a los subordinados del uniformado.

Ante las reiteradas visitas a la sede de la Justicia Militar (JM) y las insistentes solicitudes de entrevistas de ABC Color, el presidente de la Corte, general Pastor Agüero, pidió que las preguntas se canalicen a través de la oficina de comunicaciones de las FF.MM.

“Va a ser imposible la entrevista porque están muy ocupados”, alegó nuevamente ayer el ayudante de la JM coronel José Ayala.

Ante el pedido de audiencia con el fiscal general, coronel Nelson Ruiz Stefanich, y el general Agüero, respondió: “Cualquier comunicación se debe canalizar por comunicación social a cargo del coronel Jorge Mieres”, dijo el ayudante. La Corte presidida por el general Agüero adopta una dependencia de las FF.MM. y deriva consultas a subordinados del propio investigado.

Hasta llegaron a cerrar las puertas de la JM ante la presencia del equipo de investigación, para evitar brindar declaraciones.

El abogado Claudio Balbuena, exmiembro de la Corte Militar, había opinado que Gonzaga Garcete debe pasar a cargo de un Tribunal Militar Extraordinario (TME) y ser apartado del cargo, ya que está imputado desde que se le abre sumario, por el sistema inquisitivo que rige en el fuero castrense. “Mieres no es vocero de la JM. Los jueces militares son independientes en el ejercicio de sus funciones y en la apreciación de los hechos que les corresponde juzgar, así dice el artículo segundo de la Ley 844 del Procedimiento Penal Militar”, dijo.

“Todos los jueces, miembros de tribunal de la JM, tienen que hablar sobre los hechos que investigan, no son dependientes ni tienen que pedir permiso. No se puede degradar a unidad”, enfatizó el abogado.

Balbuena insistió en que el fiscal general de la JM ya debe opinar sobre el caso derivado por el fiscal adjunto Federico Espinosa. Agregó que el general Agüero tiene que sacar la resolución pidiendo al presidente de la República, Horacio Cartes, la conformación del TME.

“La fiscalía derivó el caso previo análisis de las denuncias presentadas por la Coordinadora de Abogados del Paraguay y no fue desestimada, el Presidente tiene que ordenar la integración del TME, eso es categórico. La ciudadanía conoce el tema y el ambiente afecta a las Fuerzas Armadas”, remarcó el abogado y agregó que el Comandante en Jefe no puede desconocer procedimiento.

La situación se vuelve densa en el fuero castrense, ya que el presidente de la Corte es considerado uno de los ahijados de Gonzaga Garcete. Las esposas de ambos son amigas y la cónyuge de Agüero es la secretaria de la fundación que preside la primera dama militar, Lucía Duarte de Garcete, más conocida como la “generala”.

Existen otras denuncias

Existen otras denuncias contra los administradores del Fondo para la Salud del Personal de las FF.AA. (Fonsafan), una asociación privada que funciona como seguro médico y en el interior del Hospital Militar con presupuesto estatal.

El ministro de Defensa, Diógenes Martínez, señaló que están haciendo una auditoría y confirmó que hay irregularidades al tiempo de señalar a Gonzaga Garcete como responsable institucional. Investigaciones periodísticas revelaron que el jefe militar autorizó la carga de combustible para vehículos particulares. El general Herminio Piñánez, padre del fallecido capitán Enrique Piñánez, le adjudicó responsabilidad en el atentado que sufrió su hijo, ya que “rompió” denuncia de amenaza de muerte.

 
 

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