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La Fiscalía General del Estado confirmó a los agentes en el caso, pero la última palabra la tiene la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que tiene que resolver si se confirma o no a los investigadores.
El caso llegó a la máxima instancia judicial el 17 de octubre pasado, donde hace más de un mes está cajoneado el incidente.
Los ministros de la Corte Luis María Benítez Riera, Sindulfo Blanco y Manuel Ramírez Candia, conformaban la Sala, pero Blanco antes de ser removido del cargo, ya se había inhibido de entender en el caso.
Desde el 15 de noviembre pasado se envió el expediente para la nueva integración de un miembro y poder resolver si se confirma o no a los fiscales recusados.
La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, se había reunido con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Torres Kirmser, para solicitar celeridad en estos casos de recusaciones que tienen la sola intensión de frenar las investigaciones.