Corte resuelve que las denuncias en el fuero castrense deben ser atendidas por la Fiscalía

Por la Acción de Inconstitucionalidad (AI) 3121 en el caso de malversación en una construcción del Comando Logístico por seis votos contra tres, el pleno impuso que la competencia para atender los casos donde existan supuestos delitos en cuanto a obras en general deben ser investigados por la Fiscalía General del Estado. De esta forma la opinión de los miembros de la Corte contradice el dictamen que emitió hace aproximadamente dos meses el fiscal adjunto de Delitos Económicos Federico Espinosa, quien derivó a la Justicia Militar la denuncia por supuesta “Lesión de Confianza” en licitaciones de obras contra el jefe de Fuerzas Militares, Luis Gonzaga Garcete, presentada por la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy).

Espinosa dijo en su momento que “por el artículo 174 de la Constitución Nacional” le compete a la Corte Militar investigar las denuncias por supuesta malversación que pesan sobre el cuestionado jefe militar, ya que se dieron en el marco de sus funciones castrenses. Sin embargo, en la AI 3121 se definió de forma contundente que los delitos comunes en licitaciones de obras públicas nada tienen que ver con el desempeño castrense, sino con el cargo que tiene un uniformado y que cuenta con bases legales como la Ley de Contrataciones Públicas como de Obras Públicas y en caso de incumplimientos deberán derivarse a la Fiscalía General.

Las representantes de (Coapy) Kattya González y María Esther Roa presentaron ayer una nota para urgir a la Fiscalía General del Estado que investigue las denuncias de malversación, desvíos y despilfarro de fondos por parte del jefe militar en licitaciones de grandes obras por vía de la excepción y con dinero del Fonacide, por unos G. 30.000 millones.

“Exigimos la lectura del fallo de la Corte Suprema de Justicia, supraindividualizado, a fin de revisar la posición asumida por la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción en el caso del comandante de las FF.MM., Luis Gonzaga Garcete Espínola”, refiere parte del escrito presentado ayer por las abogadas.

“Sería saludable para nuestra República que el Ministerio Público tuviera una línea clara de acción en el combate a la corrupción pública, pues estamos cansados de asistir a tristes espectáculos protagonizados por agentes fiscales que en lugar de proteger y representar a la sociedad en la defensa de intereses colectivos y difusos, se erigen en brazo ejecutor de la corrupción e impunidad”, señaló Kattya González.

Gonzaga Garcete despilfarró dinero de Fonacide mediante un Decreto del presidente Horacio Cartes que le autorizó a realizar contrataciones directas en el marco de un “sensible” plan de seguridad, pero no hizo las obras comprometidas en zonas aisladas. Priorizó salas privadas de leales. Además hizo compras “de oro” como los juegos de baño a G. 19 millones, lavarropas a G. 91 millones cada uno, etc.