La actuación de la Corte, en la autoasignación de una bonificación de G. 9 y 12 millones al mes por “responsabilidad en el cargo”, denota dos grandes falencias de nuestro sistema judicial. Por un lado, la insistencia de los ministros en seguir teniendo a su cargo funciones administrativas, y por otro, la discrecionalidad en el manejo de los recursos del Estado, que viniendo de la Corte es doblemente grave.
Por Acordada N° 865 del año 2013, la Corte creó el Consejo de Administración Judicial, y por Acordada 1043 del año 2016 aprobó el reglamento que establece sus funciones, en donde claramente señala: “DELEGAR la Administración Presupuestaria, Financiera, Contable y Patrimonial de la institución en el Consejo de Administración Judicial, el cual se constituirá en la máxima autoridad, a los efectos establecidos en todas las normativas que regulan el funcionamiento Presupuestario, Financiero, Contable y Patrimonial de las instituciones del Estado, que resulten aplicables, considerando el principio de autarquía presupuestaria del Poder Judicial”.
Sin embargo, ahora las autoridades administrativas del Poder Judicial afirman que la Corte no delegó sus responsabilidades fijadas en la ley.
La creación del Consejo significó el supuesto desprendimiento de los ministros de toda actividad administrativa, por lo que mal podrían darse las gratificaciones por actividades que no son realizadas, por lo menos, por todos los miembros de la Corte Suprema.
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Es necesario avanzar en una profunda reforma del Poder Judicial que permita sentar las bases de un marco institucional eficaz y más consolidado, que lo dote de mejores instrumentos para evitar manejos poco claros, como la criticada autoasignación por “responsabilidad en el cargo”.
US$ 1 millón al año
En el 2015, el Poder Judicial destinó 4.501 millones (unos US$ 800.000) a sueldo, gastos de representación, antigüedad, grado académico, aguinaldo, viático, etc., de los nueve ministros de la Corte. (Ver infografía).
A los alrededor de US$ 800.000 del año pasado se deben agregar unos 200.000 dólares, debido a que a partir de 2016, los integrantes del alto tribunal se autoasignaron G. 9 y 12 millones más cada uno, en concepto de bonificación por “responsabilidad en el cargo”. Es decir, que al año, el sueldo y otros beneficios de los miembros de la máxima instancia judicial le cuestan US$ 1 millón a la ciudadanía.
En la infografía se puede ver en detalles todo que cobró cada ministro. Lo que aparecen como mayor sueldo y bonificación por gestión administrativa fueron el presidente y sus dos vicepresidentes, además del ministro que integró el Consejo de Administración.
En el 2015, el presidente fue el doctor Antonio Fretes y sus vicepresidentes, Luis María Benítez Riera y César Garay. El doctor Raúl Torres Kirmser fue el representante ante el Consejo de Administración, órgano al que se delegó el manejo del presupuesto judicial.
Viático
Entre los ministros que más viático percibió está el doctor Óscar Bajac, quien cobró más de G. 171 millones, según planilla.
Bajac, de acuerdo a los datos que figuran en la página de transparencia, supuestamente en forma semanal realiza visitas a las circunscripciones judiciales del interior del país, además de viajes internacionales.
La doctora Alicia Pucheta es la que menos viático cobró (G. 8.329.128), según los documentos.
cbenitez@abc.com.py