El año pasado, la Corte Suprema de Justicia convocó a una licitación pública nacional, subasta a la baja electrónica, para la contratación de seguros contra todo riesgo. Se presentaron varias empresas, que se encontraron con la sorpresa de que en el pliego de bases y condiciones se incluyeron ciertos requisitos que solamente podrían ser cumplidos por determinadas empresas, que tendrían una muy buena y vieja relación con algunos ministros del alto tribunal, ya que hace varios años se benefician con la adjudicación para la prestación del mencionado servicio.
Uno de los requisitos más cuestionados por algunos oferentes es la “exigencia arbitraria” con respecto al “capital mínimo de 5 años atrás”, con lo cual se estaría direccionando la licitación a favor de ciertas firmas. En años anteriores la exigencia era de solo 3 años.
Ante esta situación, las firmas Patria SA de Seguros y Reaseguros y Panal Compañía de Seguros Generales SA protestaron ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
En la impugnación, las empresas señaladas más arriba dijeron que la Corte “no apunta a contratar a una empresa aseguradora sólida y solvente, sino que hace presumir la creación de un escenario propicio para cercenar la posibilidad de participación de varias empresas aseguradoras”.
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“Es contundente que el cambio de criterio operado en el proceso de contratación estudiado –solicitando el capital mínimo de más de tres últimos ejercicios– no condice con la justificación elevada por la Corte, pues si bien la suma hoy cubierta resulta considerable e incluso mayor a lo asegurado en las contrataciones pasadas, esta situación es semejante a la registrada en el año 2016 –respecto al llamado 2015–, por lo que el fundamento expuesto por la convocante carece de fuerza necesaria para sostener su postura”, dice la Resolución N° 453/17, del 9 de febrero pasado, de la Dirección Nacional de Contrataciones Pública. Además, la misma al hacer lugar parcialmente a la protesta de Patria SA ordenó a la Corte modificar la cláusula impugnada por la citada firma.
El seguro contra todo riesgo hace años está a cargo de La Consolidada de Seguros SA, Aseguradora Yacyretá y Patria SA de Seguros.
El proceso licitatorio está a cargo del Consejo de Administración integrado por los ministros Alicia Pucheta y Raúl Torres Kirmser y los consejeros Roberto Torres, Luz Antúnez, Edward Vittone y Alberto Martínez, quienes entre sueldo y gasto de representación cobran al mes G. 36.792.000.
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