Los ministros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Gladys Bareiro de Módica, Miryam Peña Candia y Antonio Fretes aceptaron atender la acción de inconstitucionalidad promovida por el coronel Gilberto Arriola contra el Decreto N° 5305, firmado por el presidente de la República Horacio Cartes en mayo de este año, mediante el cual se lo daba de baja en las FF.MM.
El documento (A.I. N° 2509) firmado por los altos magistrados ordena además como medida cautelar suspender la sentencia dictada por la Corte Militar, en la que se le condena a un año de prisión por abuso de autoridad.
Al suspender los efectos de la citada sentencia, también se anula el decreto presidencial con el que se le daba de “baja deshonrosa”, ya que el mismo utiliza como argumento la condena.
Esta decisión de la sala constitucional implica que el coronel Gilberto Arriola debe ser repuesto en las FF.MM. a disposición del Comando en Jefe, hasta que la Corte estudie la cuestión de fondo.
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El caso
El coronel Arriola relató que la respuesta que obtuvo la acción de inconstitucionalidad que planteó ante la Corte Suprema de Justicia es un indicio de que los altos magistrados entienden de que existen “anormalidades” en el proceso al que fue sometido.
“La Corte no va a dar medidas cautelares si no cree que hay anormalidad en el caso. Tres ministros a favor de la sala constitucional están de acuerdo que se otorguen las medidas cautelares”, resaltó a este diario.
Respecto a su caso, el militar señaló que en diciembre del 2014, la Justicia Militar ordenó su detención tras ser acusado por el hurto de 20 camas y 40 colchones del Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Cecopaz).
Sin embargo, Arriola demostró con actas que los enseres fueron enviados a las unidades militares del norte del país. Pese a ello, continuó recluido en la cárcel militar de Viñas Cue, ínterin en que la Corte Militar le sentenció por “abuso de autoridad”.
“Entonces, salió una sentencia por abuso de autoridad, que debe darse contra una persona, y debe haber una demanda. Nadie (me) acusó por abuso de autoridad y hubo una pena de un año de cárcel en Viñas Cue”, relató.
Apenas terminó de cumplir su condena, el coronel dijo que una de sus primeras acciones fue avisar a la Justicia Miliar que tomaría medidas para rever el proceso.
“Le avisé a la Corte de Justicia Militar que iba a accionar ante la Corte (Suprema de Justicia), pero, igual la Corte Militar emite una resolución que desembocó con la baja deshonrosa”, agregó.
Presión de arriba
Arriola manifestó estar al tanto de que desde el Poder Ejecutivo estarían presionando a los miembros de la Sala Constitucional que aceptaron investigar su caso, a fin de que los mismos revean su postura y desistan de la medida cautelar.
Al parecer, esta situación causó molestia en el Poder Ejecutivo.
La CIDH también investiga
El caso del coronel Gilberto Arriola actualmente es estudiado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a la cual recurrió la defensa del militar. La nota sobre el proceso a Arriola fue remitida al organismo internacional en julio del año pasado y la respuesta, confirmando que tomarían el caso, llegó el pasado 13 de enero. El organismo fue informado también de la situación generada con las tres leyes militares no publicadas: 840, 843 y 844, para que sean anexadas al expediente abierto.