La Corte alega que el presupuesto para el 2018 sufrió un recorte de G. 345.000 millones en el Congreso, lo que afecta principalmente los gastos de inversión. El proyecto presentado por el alto tribunal fue de G. 1 billón 673.000 millones, pero el Legislativo aprobó solo G. 1 billón 328.000 millones.
De los G. 92.800 millones, G. 86.721.500.000 se financiarán de recursos del tesoro y G. 6.078.500.000 de los recursos propios de la justicia.
Para la máxima instancia judicial “resulta importante mencionar que en el marco de fortalecer, transparentar y modernizar el Poder Judicial, uno de los objetivos estratégicos definido en el Plan Estratégico Institucional (2016-2020) es obtener y gestionar un presupuesto adecuado, para el mejoramiento de la prestación del servicio de justicia para la satisfacción de los usuarios”.
Sin embargo, pese a obtener un mayor presupuesto cada año el servicio que presta la justicia es calificada de pésima por los usuarios, que resaltan la mala atención de los funcionarios, la morosidad judicial y la dilación de los procesos.
La Corte tenía proyectado destinar G. 116.000 millones a inversiones. Sin embargo, en el Congreso el rubro sufrió un recorte de G. 55.000 millones. Es por eso que alega la necesidad de ampliar el presupuesto, ya que tiene que seguir la construcción de los Palacios de Justicia de Ciudad del Este y Saltos del Guairá, se tiene que realizar el mantenimiento de los edificios judiciales de Villarrica, Caazapá, Puerto Casado, Caacupé y otros.
Para construcciones se pide G. 52.000 millones.
La Corte refiere en su pedido que también falta dinero para la compra de insumos como resma de papel, tóner, tintas y sellos “para el normal funcionamiento de dependencias administrativas y jurisdiccionales...”.
Parte de la ampliación solicitada se usará igualmente en mantenimiento de edificios, maquinarias, vehículos, e instalaciones.
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