A la hora prevista para el juicio al extitular de la SEN y a su exdirector de Contrataciones Alfredo Guachiré por lesión de confianza, el Tribunal de Sentencia presidido por Juan Carlos Zárate e integrado por Cynthia Lovera y Héctor Capurro, fue informado de que minutos antes se recibió en secretaría una nota de la ministra Miryam Peña, mediante la cual pidió el expediente principal a la vista.
Peña integra con los ministros Antonio Fretes y Oscar Bajac la Sala Constitucional que debe estudiar una excepción y una acción de inconstitucionalidad presentadas en abril del año pasado, por la defensa de los acusados.
Peña es hermana del político Euclides Acevedo del equipo del contralor general, Enrique García, cuyo estudio jurídico defiende a Soares.
La maniobra a la que se prestó la ministra Peña es evidente, atendiendo que las acciones fueron promovidas el año pasado y sugestivamente ayer, cuando iba a comenzar el juicio la presidenta de la Sala Constitucional pidió el expediente original.
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Es evidente que hay una intención de los ministros Peña, Fretes y Bajac de ayudar a Camilo y evitar que afronte juicio oral.
Según fuentes del Poder Judicial, está allanado el camino para que Peña, Fretes y Bajac hagan lugar a las acciones de Soares.
Es una vergüenza como los integrantes del máximo tribunal se prestan a los intereses de los políticos de los distintos partidos.
Los procesos penales abiertos por corrupción a los senadores Víctor Bogado y Enzo Cardozo; al diputado José María Ibáñez y a los exministros Rafael Filizzola y Enrique Salyn Buzarquis, están trabados en la Corte y forman parte de negociaciones políticas, debido a una Corte Suprema sometida.
Calendario repleto
Volviendo al caso de Camilo, una vez resuelta la acción y excepción radicadas ante la Corte, se fijará una nueva fecha para la realización de la audiencia y allí se tropezará con otro problema, debido a que el calendario de juicios orales está bastante saturado, ya que está lleno hasta el 2018.
En estas condiciones, existe la preocupación de que a la larga la causa se extinga, en atención a que el plazo máximo de duración del proceso es de 4 años, a los que hay que descontar el tiempo en que el expediente estuvo paralizado por los distintos recursos interpuestos por las partes.