Los ministros Gladys Bareiro de Módica, Miryam Peña y Antonio Fretes tienen que resolver la inconstitucionalidad que promovió en octubre del año pasado el legislador colorado.
La acción ataca una resolución por la cual la Cámara de Apelación confirmó en el caso “niñera de oro” al magistrado Delgado. La presentación debió rechazarse “in limine” atendiendo que la misma se radicó contra un auto interlocutorio que ratificó a un juez en el proceso, lo cual no puede de ninguna manera afectar o violar derechos constitucionales de ningún procesado, como para que la Sala Constitucional estudie el fondo de la cuestión planteada.
Sin embargo, los tres ministros ya habrían firmado el borrador del Auto Interlocutorio por el cual se admite la acción de Bogado, en contra de la toda jurisprudencia de la Sala Constitucional.
Desde octubre del año pasado, la Corte tiene en su poder la acción con lo que bastante ya le ayudó a Bogado que presentó la inconstitucionalidad hace cinco meses. Si los ministros admiten la chicana del senador colorado, el expediente seguirá en la Corte y no se podrá hacer la audiencia preliminar en la que se tiene que resolver si Bogado afronta o no juicio oral y público.
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El objetivo del senador es precisamente trabar la preliminar, ante el cúmulo de evidencias que prueban la comisión de los hechos punibles por los cuales fue acusado por la Fiscalía.
El parlamentario había sido acusado por el Ministerio Público por estafa y cobro indebido de honorarios; al igual que la exniñera de sus hijas Gabriela Quintana. También está la causa Miguel Ángel Pérez, exjefe de Gabinete de Bogado.
La acusación del Ministerio Público refiere que Gabriela Quintana Venialgo estuvo contratada por la Cámara de Diputados. Luego, el 17 de febrero de 2010 fue nombrada con una remuneración mensual de G. 13.237.400.
Según la fiscalía, Bogado logró el 4 de marzo de 2013 que su exniñera también sea contratada en la Itaipú con un sueldo de G. 8.739.300.
La contratación y percepción de doble remuneración fue posible porque Bogado, como titular de la Cámara Baja, solicitó al entonces director de Itaipú, Franklin Boccia, que la funcionaria de la binacional Gabriela Quintana sea comisionada a Diputados.
El total del cobro indebido fue de G. 71 millones, según las pruebas acumuladas por la Fiscalía para solicitar que la causa sea elevada a juicio oral y público.
El 25 de octubre de 2013, la fiscalía imputó a Víctor Bogado por cobro indebido de honorarios y estafa. El 4 de junio de 2014 se presentó la acusación y el Ministerio Público pidió juicio oral para el legislador colorado. Sin embargo, hasta ahora la justicia no pudo resolver si el parlamentario tiene que ir o no a una audiencia pública por los hechos acusados.