El 10 de diciembre de 2014 con una amplia mayoría la Cámara de Diputados aprobó el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia: los liberales Miguel Oscar Bajac y Sindulfo Blanco y el colorado César Garay Z. por mal desempeño de funciones.

La acusación contra los miembros de la máxima instancia judicial llegó a la Cámara de Senadores dos días después, el 12 de diciembre, y desde entonces quedó parado. El texto fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, en ese entonces presidido por el senador liberal Julio César Franco, y quedó ahí.

El 15 de diciembre, cinco días antes que se inicie el receso parlamentario, un grupo de 18 senadores que se oponían al juicio, en conferencia de prensa, leyeron un comunicado en el que indicaban que no apoyarían el proceso solo a tres jueces como quiere el cartismo sino a los nueve. “Estamos preocupados por la forma irresponsable y autoritaria de promover el juicio político”, indicó el senador disidente Silvio Ovelar.

Pedían que todos los miembros de la máxima instancia judicial sean sometidos a juicio y que además se inicie un amplio debate entre todos los sectores para discutir la renovación del Poder Judicial. A su turno la senadora Desirée Masi (PDP) cuestionó al presidente de la República Horacio Cartes por no buscar un consenso con los sectores para iniciar un proceso de juicio político. El bloque se 18 senadores que se opusieron al juicio político estaba compuesto por los colorados: Ovelar, Julio C. Velázquez, Juan Darío Monges, Mirtha Gusinky y Gustavo Alfonso; los liberales Emilia Alfaro y Carlos Amarilla; del Frente Guasu: Fernando Lugo, Hugo Richer, Esperanza Martínez, Carlos Filizzola y Sixto Pereira; del PDP: Desirée Masi, Pedro Santa Cruz y Arnaldo Giuzzio; de Avanza País: Adolfo Ferreiro y Miguel López Perito y del PEN, Eduardo Petta (hoy ANR).