Crimen de cuello blanco no se castiga en Paraguay

Andreas Schneider es un alemán especialista en Gestión de Riesgos, con más de 15 años en el país. El experto hizo una investigación sobre las denuncias de crímenes de cuello blanco radicadas en la Fiscalía entre 2000 y 2016. En esta entrevista revela que los casos aumentan año a año y advierte que la alta impunidad existente le puede golpear duro a la ciudadanía como ocurrió en Argentina y Brasil.

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–¿De dónde su interés por los crímenes de cuello blanco en el Paraguay?

–Es una asignatura inexplorada en este país. Mi especialidad es también Gestión de Riesgos, egresado en Alemania. Estoy radicado aquí hace 15 años. Me dedico a la investigación financiera. Admito que me fue difícil conseguir datos del Ministerio Público. Una parte de mi trabajo, sobre cómo evolucionaron los hechos, la publiqué en una revista europea (“Innovative issues and Approaches in Social Media Sciences”, volumen 10, Nº 2, bajo el título “Crímenes de cuello blanco: evidencias desde Paraguay”). La segunda parte estoy terminando. Es hacer un modelo y pronosticar para predecir este tipo de crímenes.

–¿Qué delitos específicos son?

–El “delito de cuello blanco” es amplio. Estamos hablando de un delito no violento físicamente. Es diferente al crimen callejero. Es más difícil de entender, difícil de reconocer pero es el más dañino. Deja un tendal de víctimas. Es corrupción, lesión de confianza, fraude, evasión impositiva y otros hechos punibles como usura, hurto agravado... Son muchos pero yo me concentré en un capítulo especial del código penal; “hechos punibles contra el patrimonio”. Analicé los hechos mes por mes en el lapso 2000-2016.

–¿Puede pronosticarse cuántos delitos de “cuello blanco” se cometen?

–Se puede pronosticar todo. Es una herramienta de la econometría que viene de la economía pero hay que crear un modelo para eso. Es lo que hice. En base a mis investigaciones pronostiqué los hechos punibles para el año 2017 para saber si mi modelo estaba bien o no... De hecho funcionó muy bien. Creé un modelo...

–Su conclusión es que los casos aumentan cada año.

–De 2000 a 2016 los delitos contra el patrimonio aumentaron más del 800%. El pico fue 2015. El delito de fraude aumentó más de 900%. En 2017 se produjo un leve descenso de 5%.

–¿Las instituciones están preparadas para combatir estos delitos?

–La unidad especializada en delitos económicos y anticorrupción tiene poca participación. La unidad es muy limitada. Se circunscribe casi con exclusividad al área de Asunción. Depende mucho de la voluntad del fiscal o de la orden del fiscal general ir más allá, de otro modo no se mueve nada. Una de las razones probablemente del porqué hay tanto aumento de casos es que no hay muchos especialistas.

–¿Es mucho dinero?

–Son cifras cada vez más millonarias, pero la vara de la justicia no alcanza a los responsables. Si pisan la cárcel no tardan mucho en salir. Es la parte más débil del Ministerio Público y el Poder Judicial. No hay castigo.

–¿Quiénes son generalmente las víctimas?

–Pueden ser directamente personas, empresas, el Estado cuando se trata de evasión de impuestos.

–¿Quiénes son los que más cometen este delito: políticos, empresarios, funcionarios, empleados, particulares?

–Todos esos grupos que usted menciona tienen una cosa en común. Son personas en apariencia respetables, conocidas de la sociedad, toleradas. Nadie los repudia porque no van a la cárcel y el delito aunque muy dañino no es violento si bien merecen una condena tanto o más importante que el crimen común. Los delincuentes tienen en general un cargo ejecutivo alto que les permite cometer esos hechos punibles. Son educados.

–¿Es gente de nivel, con formación, inteligentes?

–Normalmente no son pobres. Tienen buena formación..., inteligentes, no sé. Para llegar al cargo tuvieron que hacer carrera respaldado en alguna preparación. Es gente influyente, con poder para cometer esos delitos, sea en una institución pública, en el banco, financiera, cooperativa o la empresa.

–“La ocasión hace al ladrón”, se dice. ¿Es así o son entes organizados?

–Puede que haya grupos organizados en lavado de dinero y narcotráfico. Yo me enfoco más bien en el delito de cuello blanco común y corriente, que se comete en cualquier parte, en la empresa, en la cooperativa.

–Entonces, ¿son las cabezas?

–Por ellos comienza pero en general están involucrados los que están alrededor. En la Caja Bancaria alguien creó una empresa paralela. Se hicieron algunos negocios, pero la fiscalía imputó solamente a uno, habiendo un consejo de administración donde sus integrantes firmaron. No pueden alegar que no tenían conocimiento.

–¿Son golpes de ocasión?

–Los casos son distintos. Puede ser un golpe para un objetivo rápido: llevarse el botín de una vez. Hay otros administradores que se acostumbraron a ordeñar por años sumas más pequeñas sin llamar la atención.

–El Lava Jato es eso, un crimen de cuello blanco...

–Es el mejor ejemplo que tenemos en este continente. El de Perú es otro. Una investigación que salió el año pasado sobre Paraguay, se enfocó en contrataciones. Siempre hay algo arreglado detrás. En las contrataciones directas es más claro. Están prohibidas, pero siempre hay una excusa. Dicen: “Es una excepción. No había tiempo para hacer una licitación”.

–¿Cómo se puede hacerle frente?

–No hay una misma receta. Cada institución debe tener un gestor de riesgos. La unidad especializada de Delitos Económicos tiene que ampliar su campo de acción a las ciudades cabecera: Ciudad del Este, Concepción, Encarnación, Villarrica... Se requiere personal calificado. Hay artículos de la ley que son obsoletos. Es difícil que suceda aquí lo de Brasil. Al juez (brasileño Sergio) Moro le van a hacer un monumento por su valentía. No le importó si había políticos, pero le ayudó la ley. Si no hay castigo, la justicia no sirve.

–La impunidad es lo que más se critica de nuestro sistema de justicia.

–Es un mal precedente. Todos los días escuchamos que se roba o se estafa millones...

–Hay políticos, senadores, diputados.

–Ellos reinciden porque quedan impunes. Cuando un campesino roba una gallina ese va a parar a la cárcel. Si no se castigan los grandes delitos es porque no hay un interés superior. El daño es peor porque las víctimas descreen de la justicia y ya no acuden a ella para pedir una reparación.

–¿Algún caso emblemático digno de comentar?

–Hay muchos. El caso de Electrofácil me parece un caso típico de crimen de cuello blanco.

–¿Cuál fue el modus operandi?

–Se imputó al presidente (de la empresa). Es un caso típico de un perfil de delincuente de cuello blanco.

–Su presidente era conocido y estaba en la categoría de respetables.

–La historia dice que se quería vender la empresa de electrodomésticos y al parecer manipularon sus libros de comercio para hacer más valiosa la venta. Son delitos penales: producción de documento de contenido falso... Este tipo de casos debe servir para diseñar mejor las políticas públicas. Los delitos punibles contra el patrimonio aumentaron en un 80 y hasta 90%.

–Es alarmante.

–Muy alarmante. Ahora que entra el nuevo Gobierno, si se precia de serio tiene que hacer algo. Para políticas públicas recomiendo que las instituciones públicas y la sociedad en general se apoyen más en investigaciones académicas, científicas y no en la intuición del fiscal o del experto. No hay investigadores que estudian estos asuntos que son muy relevantes para la sociedad.

–Para eso se inventó la Contraloría.

–Pero la Contraloría controla puntualmente. No hace investigaciones. Yo hablo de investigaciones científicas. Hace falta gente especializada en econometría, en estadísticas. No se investigan las causales.

–¿Dónde debería estar un ente independiente especializado?

–En la Universidad por ejemplo. Los universitarios deberían tener un rubro para investigar esto y hacer el seguimiento y publicar sus trabajos como hice yo. A nivel internacional es normal hacer esto. Eso se puede hacer con respaldo del Ministerio Público o del mismo Poder Judicial.

–¿Por qué es tan fácil eludir estos delitos?

–Es típico en Paraguay que un juez le diga al acusado: “Bueno, usted robó 50 millones. Devuelva y ya está”. Esa decisión no es correcta. Él, como juez, como educador de la sociedad tiene que dar un mensaje. Su fallo debe dar el ejemplo.

–¿Tiene que mandarlo a la cárcel?

–Aquí el juez dice: “Si le pillaron, pague de vuelta y quedamos en paz”. La sociedad no quiere eso. En el caso Electrofácil se trata de 24 millones de dólares. En Latinoamérica se estima un daño de 174.000 dólares por caso. Multiplique eso por 7.740 casos en promedio el año pasado en Paraguay. En este país el agravante es que no hay nadie de esas personas conocidas de la sociedad en la cárcel.

–¿Qué instituciones son más propensas al fraude?

–Las instituciones grandes por supuesto.

–¿IPS, Itaipú, Yacyretá?

–Esas instituciones son tan grandes y manejan tanto dinero que son difíciles de controlar sin expertos en gestión de riesgos. Hay que averiguar qué es lo que pasó con todas las denuncias por fraude, por lesión de confianza, por usura. El problema que tienen muchas instituciones públicas es que no están informatizadas. Más de la mitad de las denuncias no tienen estatus. Es preocupante. De 60.000 denuncias, solamente 30.000 tienen un estatus.

–Si sube en forma alarmante la cantidad de casos, ¿tenemos que esperar algún “Lava Jato” aquí?

–No quiero especular sobre eso. Siempre es posible. Por eso recomiendo que se investigue más, y comprobar que los fiscales están sobrecargados de trabajo y que eso no se mueven los expedientes. Hay que preguntarse también ¿por qué estas instituciones no están informatizadas, en pleno siglo XXI, año 2018?

holazar@abc.com.py

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