Manifestó que las sucesivas chicanas se iniciaron con algunos estudios jurídicos que tenían apoyo de la antigua Corte y que actualmente las recusaciones a fiscales suceden sin parar. Cuestionó al titular del Colegio de Abogados del Paraguay, Rubén Galeano, al señalar que no se mostraba a favor de modificar la norma bajo el argumento de que los magistrados deben aplicar las multas.
“No se puede trabajar más porque cualquier estudio jurídico normal y decente recusa cuando corresponde, pero normalmente las personas que están siendo afectadas por un proceso penal, sean políticos o afines recusan indefinidamente. ¿Cuántos procesos de políticos quedaron congelados? El caso del excontralor Enrique García; del extitular de la Secretaría de Emergencia Nacional Camilo Soares, entre otros”, indicó.
Añadió que cuando algo no funciona en el sistema penal se debe pensar en realizar algunos cambios, no hacerse el “cretino” y decir que todo está bien y que solo van a apelar a las multas. “Tienen que existir sanciones más graves. No significa vetar totalmente la recusación, pero se puede poner un límite o si no vamos a continuar con esta broma, y lo peor es que el pueblo pierda credibilidad en la justicia, y que solamente por algo de dinero se pueda recusar a un fiscal, como fue el caso de Electrofácil, donde los abogados llegaron a recusar 7 veces a un fiscal”, indicó.
El lunes, un grupo de 36 diputados abdistas, cartistas, llanistas y efrainistas resolvió derivar a la Comisión de Reforma del Sistema Penal el proyecto de ley que pretendía frenar las masivas recusaciones en contra de fiscales. La norma fue presentada por la diputada Rocío Vallejo (PPQ). Votaron en contra de la norma quienes tienen cuentas pendientes con la justicia: los colorados Miguel Cuevas, Justo Zacarías Irún y Esteban Samaniego de la ANR, y el acusado Carlos Portillo (PLRA). El imputado Tomás Rivas (ANR, cartista) se ausentó durante la votación.