Critican falta de ley para combatir la discriminación

La oficina de Amnistía Internacional (AI) de Paraguay divulgó ayer a la mañana en conferencia de prensa su informe anual 2015-2016 de la situación de los derechos humanos en nuestro país, en el mundo y en la región. Señala que a los pueblos indígenas se les seguía negando el acceso a sus tierras ancestrales, y que los derechos sexuales y reproductivos no estaban garantizados y el aborto continuaba estando tipificado como delito en la mayoría de los casos.

Expresa que no se avanzó en la aprobación de legislación para combatir la discriminación. Recuerda que la Cámara de Senadores había rechazado a finales del 2014 un proyecto de ley por falta de acuerdo en cuanto a la inclusión de todos los motivos prohibidos y que en noviembre pasado se presentaron dos nuevos proyectos de ley para hacer frente a la discriminación.

En cuanto a la situación de los pueblos indígenas, señala que estos soportan demoras para adquirir títulos de propiedad y acceder a sus tierras ancestrales. Es el caso de las comunidades Sawhoyamaxa, Yakye Axa, Xákmok Kásek, Ayoreo-Totobiegosode y la comunidad Ayoreo-Atetadiegosode.

Caso Curuguaty

El informe de AI se refiere igualmente a la masacre de Curuguaty, ocurrida el 15 de junio del 2012, donde perdieron la vida 11 campesinos y seis policías, situación que luego derivó en un juicio político y destitución del entonces presidente de la República, Fernando Lugo Méndez, por mal desempeño de funciones. AI señala que no se acusó a nadie de la muerte de 11 campesinos que también perdieron la vida durante los enfrentamientos. Eso suscita dudas sobre la imparcialidad de la investigación judicial, pues 13 campesinos están siendo procesados por la muerte de seis policías. Menciona que continuaban las investigaciones sobre las denuncias de tortura a campesinos durante los enfrentamientos de 2012 en Curuguaty. La defensa de los campesinos había denunciado los retrasos y la falta de medidas por parte de la fiscalía para investigar lo sucedido, señala.

Defensores de DD.HH.

En la parte final indica que abogados que representaban a las comunidades indígenas y campesinas y defendían sus derechos hacían frente a medidas administrativas en el desempeño de su labor.

Apunta que en diciembre pasado, a una abogada que representaba a las comunidades indígenas Sawhoyamaxa y Yakye Axa recibió una amonestación de la Corte Suprema de Justicia tras ser sometida a una investigación administrativa por criticar la sentencia de una magistrada contra una ley de expropiación que beneficiaba a la comunidad.