El pronunciamiento, suscrito por Pedro Carlos Meyer y Alba Espínola de Cristaldo, presidente y secretaria respectivamente, menciona artículos de la Constitución Nacional, en sus artículos 101 y 106, y de la Ley de la Función Pública, artículo 57, inciso p; artículo 60, inciso a, que protegen al funcionario público de presiones y coacciones, y prohíbe utilizar autoridad o influencia de funcionarios para que, a través del cargo que ostentan, puedan ejercer presión sobre la conducta de sus subordinados.

“El marco jurídico del Paraguay nos indica las graves violaciones que los responsables de las instituciones realizan, por acción u omisión, con el agravante de la coacción, afectando severamente la dignidad del funcionario público. Por ello, la Democracia Cristiana alza la voz de denuncia, haciendo responsables a los que han incurrido en tales actos e insta a las autoridades y ciudadanos a proteger la dignidad y la carrera pública de los funcionarios”, expresa el PDC.