En mayo pasado y luego de que se registrara una serie de derrumbes de escuelas en diferentes puntos del país, el Ministerio de Educación y Cultura decidió llamar a una licitación gigantesca que tenía como objetivo realizar refacciones y construcciones en los 14 departamentos del Paraguay utilizando dinero del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
Desde la cartera de Estado aseguraban que endurecerían los procesos y los requerimientos de los mismos a fin de evitar nuevos casos de abandono de obras o trabajos mal hechos.
Es por ello que se presentaron pliegos de bases y condiciones con exigencias muy elevadas y con la clara intención de evitar participación de empresas que no pudieran cumplir con los requisitos.
De los 14 lotes licitados, 10 fueron declarados desiertos y apenas cuatro fueron adjudicados, los correspondientes a los departamentos de Caazapá, Misiones/Ñeembucú, Paraguarí e Itapúa.
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Sin embargo, en las licitaciones existe varios puntos por demás llamativos, de acuerdo a una denuncia a la que tuvo acceso ABC Color.
Desechados por forma y adjudicada más cara
En el caso del lote correspondiente a las escuelas del departamento de Caazapá, tres fueron las empresas que se presentaron a la licitación: Ing. Ricardo Díaz (G. 21.978.509.218) , Consorcio Iniciativa Mach (G. 22.830.547.180) y la firma MyT SA (G. 23.290.416.778).
Finalmente, la adjudicada, de acuerdo a un decreto del MEC dado a conocer días atrás, fue MyT SA, representada por Julio Adolfo Mendoza Yampey, de acuerdo a datos del portal de Contrataciones Públicas. Lo llamativo del caso es que la oferta adjudicada era la más cara de la tres y superaba por G. 1.312.000.000 a la más baja.
De acuerdo a documentos a los que tuvo acceso nuestro diario, las ofertas más bajas fueron desechadas por defectos de forma y no de fondo que se podrían haber solucionado con un simple pedido de aclaración a los oferentes, lo que podría haber representado un ahorro importante al MEC que luego podría haber sido utilizado para otras construcciones.
Firmas sin experiencia
Otra serie de cuestiones llamativas se detecta en el caso del lote 10, correspondiente a instituciones del departamento de Paraguarí. Aquí se presentaron cuatro ofertas: Aponte La Torre SA (G. 27.763.889.054); Tecnoedil SA (G. 29.189.514.918); JCA (G. 29.344.418.694) y Consorcio Paraguarí (G. 30.672.189.990).
Finalmente, la oferta adjudicada fue la del Consorcio Paraguarí, que había quedado en cuarto lugar siendo la más elevada de todas las que se presentaron. Lo llamativo del caso es que este consorcio está conformado por dos empresas electromecánicas: GCA SA, de Germán Flores Ozuna y Juan Alberto Miranda González; y Nelson Francisco Vera Quintana.
Ninguna de las firmas que forman parte del señalado consorcio cuentan con experiencia en construcciones civiles, lo que resulta bastante llamativo cuando el requerimiento de calificación exigía haber ejecutado obras civiles tales como unidades habitacionales, hospitales, escuelas, edificios y otras de infraestructura urbana básica. Las bases exigían al manos 8.500 metros cuadrados de obras civiles de experiencia como mínimo en los últimos 5 años.
Salpicada por corrupción y sin cumplir
Por último, el caso del lote 13, correspondiente a obras en instituciones del departamento de Itapúa, se presentaron dos ofertas: Alfa y Beta (G. 33.016.622.764) y Consorcio Itacuá (G. 36.378.255.208).
Una vez más, la oferta adjudicada fue la más alta, en este caso la presentada por el Consorcio Itacuá conformado por las empresas Distribuidora Fénix SA, Project SRL y Néstor Zarza.
De acuerdo a lo establecido por el pliego de bases y condiciones, la empresa líder del consorcio debe cumplir el 40% mínimo de las exigencias: 18.000 metros cuadrados como mínimo en los últimos cinco años de obras civiles tales como unidades habitacionales, hospitales, escuela, edificios y otras de infraestructura urbana básica. En el caso de este consorcio, la empresa líder es Fénix SA, en cuyo caso no se visualizan en la página de Contrataciones Públicas contratos de obras civiles desde 2010 y sus principales adjudicaciones fueron para provisión de merienda escolar, cereales e insumos de limpieza.
Distribuidora Fénix había sido beneficiada en 15 oportunidades con adjudicaciones por Contratación Directa. Esta empresa, de Nancy Lucina Godoy, salpicada en varios hechos de corrupción y perjuicio contra el patrimonio del Estado. Actualmente la empresa está trabando su audiencia preliminar para saber si va a juicio oral.
Además, la empresa Project SRL debería cumplir con el 20% de las mismas exigencias mencionadas para ser líder del consorcio y cuenta con apenas una obra civil, un tinglado municipal en San Joaquín, que no se ajusta a los requisitos mínimos.
Más de G. 7.500 millones de diferencia
De acuerdo a los documentos que tuvo acceso nuestro diario, las empresas adjudicadas se benefician con una diferencia total de G. 7.582.000.000 con respecto a las mejores ofertas.