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El pedido de informes fue aprobado por el pleno de la Cámara el 23 de octubre de este año. Sin embargo, la Cámara Baja recién notificó a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) el 6 de diciembre pasado, según informes extraoficiales del órgano tributario.
En la Cámara se cajoneó más de un mes el pedido de informes que fue presentado por el líder de la bancada del Partido Patria Querida (PPQ), Sebastián Villarejo.
El pleno aprobó requerir datos a la SET sobre los diputados y senadores electos del periodo 2013-2018 y del 2018-2023 que están inscriptos como contribuyentes del Impuesto a la Renta del Servicio de Carácter Personal (IRP).
El plazo constitucional que se establece en el Art. 192 corre a partir de la notificación de la Cámara Baja a la institución a la que se requieren los informes. El artículo fija un plazo de 15 días para que sea respondido el requerimiento de la Cámara Baja.
Los diputados también solicitan a la SET que envíe el listado completo de senadores, diputados y parlasurianos inscriptos, con la fecha de inscripción como contribuyentes del citado impuesto.
El pedido había surgido a raíz de que el investigado senador cartista Javier Zacarías Irún confesó que no tributaba el IRP. Para intentar salvarse culpó a su contadora.
El IRP entró en vigencia el 1 de agosto de 2012 y regía para aquellos que ganaban 120 salarios mínimos anuales (G. 198.987.840). Desde su vigencia todos los legisladores (senadores, diputados y parlasurianos) tenían que inscribirse porque sus ingresos superan ampliamente el monto anual que establece dicho impuesto.
En el proceso de implementación del IRP, el monto se reduce año a año. En el 2018 es de 48 salarios mínimos anuales (G. 87.554.640) y el año que viene serán de 36 salarios mínimos anuales (G. 65.665.980).
Sobre el caso de Zacarías Irún, el viceministro de Tributación, Fabián Domínguez, había aclarado que la falta de pago de un impuesto no puede justificarse como un “error administrativo” en ningún caso, como alegó el abogado del senador cartista investigado por supuesto enriquecimiento ilícito.