CARAPEGUÁ (Emilce Ramírez, de nuestra redacción regional). Tras la publicación de la suspensión de entrega de víveres, debido a politización en la inscripción de beneficiarios con el Programa Nacional de Lucha contra la Pobreza de la Presidencia de República, varias personas se comunicaron para denunciar que sus familias fueron inscriptas, pero que no aparecen en la planilla.
La denuncia apunta contra un funcionario planillero del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), identificado como Manuel Riveros González, quien se encargó de cargar los datos a pedido de la concejala municipal Carmen Santacruz (ANR), hermana del consejero de la EBY y miembro de la Junta de Gobierno, Carlos Santacruz.
Varios lectores denunciaron que entre los beneficiarios figuran funcionarios municipales, parientes de concejales, caudillos colorados y comerciantes “amigos”. Sin embargo, excluyeron a las familias carenciadas.
En la planilla figuran Cirilo Ibarra, vendedor de repuestos de motos; Paulino Rodas, líder colorado de la compañía Beni Loma; y Trigidio Antonio Carballo Zorrilla, padre del concejal Saturnino Carballo.
Además, el funcionario municipal destinado al servicio de recolección de basura, Pedro Ojeda, y Cristina Sosa de Figueredo, quien tiene despensa, así como Gerardo Ibarra Franco, un despensero de la compañía Franco Isla.
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A esta lista se suman también la incorporación de la comunidad de Ndavarú de los familiares del caudillo colorado Hugo Franco y de sus familias que tienen almacenes e incluso hermanas docentes. En la lista existen varias personas cuyos nombres se repiten con doble rubro.
Necesitados excluidos
Sin embargo, otras personas que reúnen las condiciones fueron inscriptas, pero excluidas de la lista final. Entre ellas figuran Matilde Benítez y don Baudelio Morel, quienes viven en la extrema pobreza en la compañía Beni Loma.
El supervisor de esta comunidad Alberto Candia confirmó que Riveros González es un funcionario administrativo contratado por el MEC, pero que no cumple ninguna función específica en ninguna institución educativa ni en la supervisión.
El mismo es el responsable de cargar los datos de los beneficiarios con los víveres.
Aclaró que en octubre pasado Riveros González le solicitó trabajar en la supervisión local, pero no se le aceptó porque debe traer una resolución de comisionamiento de la Dirección de Movimiento de Control del MEC.
Protegido de Santacruz
Sin embargo, el sindicado estaría a cargo de la concejala Carmen Santacruz (ANR), quien fue la que le encomendó la tarea de cargar los datos de sus correligionarios y excluir a los más carenciados tal como denunciaron la concejala Ana Rodas (Unace) y el mismo supervisor Candia.
El supervisor Candia manifestó que los miembros del Consejo de Desarrollo Interinstitucional junto con los concejales municipales realizaron el censo de las familias 2000 familias de escasos recursos.
Un día antes de enviar el listado a Asunción al programa “Sembrando Oportunidades” se dieron cuenta de que varias familias que ellos censaron no aparecen.
Rodas manifestó que en la última reunión del Consejo de Desarrollo la concejala Santacruz fue duramente cuestionada por el intendente municipal Isabelino Silva (ANR) por su actitud y por dejar de lado a familias carenciadas, y además se incluyeron a personas pudientes; a lo que la edila había respondido que en una próxima oportunidad se depuraría porque ahora ya no había tiempo.
Amenazan con denunciar
El funcionario del Ministerio de Educación (MEC) Manuel Riveros González manifestó que fue contratado por la concejala Carmen Santacruz (ANR) para instruir a los operadores de la computadora –porque dice ser profesional en informática– para tener una base de datos de los beneficiarios.
Consultado dónde capacitó a los operadores y dónde se realizó la carga de los datos (en la Municipalidad o en un lugar privado) dijo que eso se le debe preguntar al intendente, quien proveyó las listas duplicadas que llegaban.
Posteriormente, se desdijo y señaló que sus declaraciones anteriores fueron “de onda nomás”.