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A invitación del presidente de la República, Horacio Cartes, Raúl Torres Kirmser, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y Blas Llano, presidente del Poder Legislativo, concurren esta mañana a las 08:00 a Palacio de Gobierno para una reunión en que se pretende acordar los términos para iniciar una lucha conjunta contra el narcotráfico y el crimen organizado.
El fiscal general del Estado, Javier Díaz, y el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez, también fueron invitados a participar.
En la reunión, el ministro del Interior, Francisco de Vargas, y Luis Rojas, responsable de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) presentarán los resultados de las investigaciones sobre el desarrollo del narcotráfico y el crimen organizado en el país en los últimos años. Además, expondrán sobre los riesgos potenciales si en el corto tiempo no se toman medidas concretas para poner freno a la situación.
El brutal asesinato el pasado 16 de octubre de Pablo Medina, nuestro corresponsal en Curuguaty, profundizó la investigación sobre el narcotráfico y ayudó a posicionar ante la población una cuestión que hasta entonces no llamaba demasiado la atención. También reveló la influencia que en corto tiempo logró tener en las esferas de poder el crimen organizado. Esta situación preocupa al Ejecutivo. “Tenemos que dar una señal clara y firme de que los poderes del Estado tienen la intención de castigar el flagelo de las drogas”, señalaron ayer fuentes del Ejecutivo.
El objetivo del Gobierno es lograr un compromiso de los otros dos poderes del Estado en la lucha contra el narcotráfico. Eso implicará que, en el caso del Poder Judicial, los procesos abiertos a los implicados en el tráfico de drogas no queden varados en los juzgados y que las sentencias sean aplicadas sin miramientos dejando de lado los eventuales padrinazgos que hasta ahora traban los casos.
En el ámbito del Poder Legislativo resultará en la modificación de la legislación para endurecer las penas. En ese campo un tema central es que los bienes incautados a los narcotraficantes directamente pasen a manos del Estado.
El Primer Mandatario no descarta que al término del encuentro se emita una declaración conjunta.