El Tribunal Superior de Justicia Electoral, cuyo titular es el colorado Jaime Bestard (ANR), mantiene una nómina de 6.942 funcionarios en su sede central, juzgados y oficinas de todo el país.
Su presupuesto para el 2016 es de G. 497.055 millones, el equivalente a unos US$ 85 millones, de los cuales el 69%, unos US$ 59 millones, se gastará exclusivamente en salarios.
Del total de funcionarios, 4.451 personas son empleados “permanentes” y 2.491 “contratados”, este último grupo son en su mayoría operadores ubicados por cupos políticos. Gracias a las leyes de transparencia lentamente son identificados y denunciados por la ciudadanía como “planilleros”, que estafan al Estado percibiendo un sueldo por labores que no hacen.
Al desglosar la planilla de contratados correspondiente a enero de 2016, los pagos salariales de los jornaleros suman G. 6.167 millones al mes, que representan US$ 1.067.000 cada 30 días para el contribuyente.
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Sin considerar gastos sociales como salud y educación, este dinero bien podría utilizarse en solventar un mecanismo efectivo para aplicar el desbloqueo de listas, reclamo ciudadanos continuamente postergado por motivos económicos.
Actualmente el vicepresidente de la institución, el ministro Alberto Ramírez Zambonini (PLRA), se encuentra imputado por la Fiscalía por inducir a sus subordinados al cobro indebido de honorarios en la institución, un caso de funcionarias “planilleras” que cobraban un sueldo sin ir a trabajar.
Dicha carpeta ejemplifica la práctica de utilizar la institución como “oficina de empleo” por políticos de turno y autoridades de la institución. Ramírez Zambonini incluso podría ser destituido por juicio político en el Congreso.
Superpoblación
En recientes recorridos ABC Color comprobó la superpoblación de funcionarios y planilleros en oficinas del Registro Electoral de Asunción y Luque.
En la sede del barrio Sajonia unos 60 funcionarios sin tareas asignadas se apiñaban en una pequeña oficina.
El jefe distrital reconocía que solo necesitaba cuatro personas, mientras que debía “inventar” labores para los operadores políticos que le obligaban a tener bajo su mando.
En la sede de Luque en una planilla filtrada a la prensa figuran 220 funcionarios, de los cuales 100 eran “inscriptores” y unos 40 “guardias de seguridad”.
Sin embargo, en la propiedad solo hacían oficina menos de 15 personas y un grupo tomaba tereré bajo un mango. El jefe distrital dijo que la ausencia de personal se debía a un supuesto censo poblacional. Actualmente el TSJE no pone a disposición de la ciudadanía los nombres de las sedes donde sus funcionarios deberían prestar servicios.
No habrá depuración
Pese a las evidencias, el titular del TSJE, Jaime Bestard, anunció que buscarán la forma de “reubicar” a los funcionarios sobrantes y sin tareas.
Para ello plantea asignarles funciones en las oficinas de la Dirección del Registro Civil de las Personas y el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, en donde tiene la codirección de las entidades.