Los gobernadores de turno también tienen sus cupos pagados por los ciudadanos dentro de la Justicia Electoral, entidad presidida por Jaime Bestard (ANR) y que actualmente atraviesa una crisis por la imputación e investigación de sus miembros Alberto Ramírez Zambonini (PLRA) y María Elena Wapenka (independiente), respectivamente.
Dicha institución “comisiona” a 35 de sus funcionarios a la sede del Consejo de Gobernadores y siete gobernaciones del país, especialmente Itapúa y Caaguazú, donde están asignados 10 funcionarios electorales en cada sede. Todos ellos no tienen control de asistencia y en su mayoría no acuden a trabajar regularmente, pasando a ser planilleros.
El gobernador de Itapúa, Luis Gneiting (ANR), es esposo de la exadministradora del órgano electoral Liliana Benítez. Además, la ministra Wapenka también es oriunda de dicho departamento. Por otro lado, el gobernador de Caaguazú, Mario Varela (ANR), actualmente milita en la disidencia.
En la Gobernación de Amambay, cuyo titular es Pedro González (PLRA), están asignados cinco funcionarios; en Concepción, con el gobernador Luis Urbieta (ANR) hay tres; en Paraguarí, con el gobernador Miguel Cuevas (ANR) hay dos y en Caazapá y en Central figuran una persona en cada sede (ver infografía).
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El Consejo de Gobernadores tiene tres comisionados de los cuales dos tienen los salarios más altos de este grupo.
Estos 35 funcionarios le cuestan al Estado más de G. 136 millones al mes y más de G. 1.777 millones en un año, solo en salarios (ver el cuadro adjunto).