Curuguaty, un desenlace preanunciado desde 2008

Nuestro diario ya advertía desde los comienzos del gobierno luguista en 2008 lo que pasaría con esa conducción si seguía tolerando complaciente las ocupaciones arbitrarias, violentas y armadas, fenómeno pocas veces visto en nuestro país.

“La complacencia con estas organizaciones violentas posiblemente acabará con el Gobierno”, predecía un editorial en noviembre de 2008 bajo el título: “La violencia campesina está arruinando el país”.

Otro editorial, de febrero de 2012, cuatro meses antes de la desgracia, hacía referencia al caos que se vivía a esa altura del gobierno de Lugo en el sector rural.

En Pindó, Curuguaty, los campesinos tomaron como rehenes a tres asistentes fiscales que intentaron intervenir en un conflicto entre labriegos y “brasiguayos”. En Lima, San Pedro, centenares de campesinos impidieron la fumigación de una parcela de soja en la propiedad también de un “brasiguayo”, pese a que este tenía como protección a 70 policías antimotines. En Capiibary, los campesinos amenazaron con quemar silos si no se liberaba a otros militantes que estaban presos. Y el viernes último, los diarios publicaron en tapa patéticas fotografías de centenares de campesinos derribando alambradas en la propiedad de Favero...”.

“Una turba de violentos ‘carperos’, respaldada por el entonces intendente municipal (liberal-luguista) Ramón Vega Barreto, intentó tomar por asalto la sede del Ministerio Público (...). Un grupo de ‘carperos’, de la mano del polémico dirigente José Rodríguez, arrojó petardos hacia las oficinas de la Fiscalía”, rezaba la crónica.

Descarada impunidad

Un editorial de ABC denunciaba: “El apoyo político ofrecido hasta ahora por el Presidente de la República a los cuestionados líderes ‘carperos’ y sus muy condenables métodos de ‘reivindicación social’ es algo absolutamente indisimulado”.

“Está claro que es él, junto con sus estrechos colaboradores expertos en agitación social José “Pakova” Ledesma y Sixto Pereira, quienes dan sustento y blindaje político a los que cometen atropellos. De allí la descarada impunidad con la que actúan”, sentenciaba.

Para el 2012, el debate sobre “el referendum” y la reelección en el 2013 ya se habían instalado, o la suspensión del cronograma electoral y hasta un autogolpe. Había una campaña de descrédito contra los parlamentarios. Con razón o no, se tildaba de “dipuchorros” a los diputados y de “senarratas” a los senadores. Una vez tuvieron que huir por la Costanera. Entre los manifestantes había hasta ministros del Ejecutivo.

Epílogo sangriento

“El proyecto, es menester saberlo, se va cumpliendo por etapas, pero de manera sistemática y sin pausa. De modo tal que los acontecimientos registrados el martes en Curuguaty (se refería al asalto a la fiscalía en febrero) son un eslabón delineado en la ejecución del conjunto de la trama. No pasará mucho tiempo para que veamos cuál es el próximo...”, predecía con certeza el comentario editorial.

En el holocausto de Curuguaty hay centenares de fotos y filmaciones en los que se identifica perfectamente a los protagonistas.

Se observa a policías rodeados por civiles apuntando directamente a sus cabezas. Sus cuerpos presentaban balas en el cuello, asesinados con alevosía, según los investigadores. Entre las víctimas estaba el comisario Erven Lovera, de meritorio currículum profesional.

La fiscalía acusó a los supuestos asesinos liderados por Rubén Villalba –declarado admirador de Lenin– de asociación criminal, invasión de inmueble y homicidio doloso, y como móvil el odio y resentimiento por cuestiones ideológicas.

La máxima leninista reza: “La violencia es instrumento del movimiento social para abrir camino y romper las formas políticas...”.

Desprecio hacia la vida

Para los acusadores, a los asesinos no les importó que sus propios compañeros sean auxiliados, mucho menos el personal policial. “Actuaron con total desprecio hacia la vida. Cuando se pretendió ingresar patrulleras y ambulancias, no se les permitió. Por el contrario, se siguió efectuando disparos para impedir el auxilio. Muchas de las personas pudieron haberse salvado si se les auxiliaba a tiempo, incluso los campesinos...”.

El enfrentamiento duró una hora y media.

“Deben ser absueltos”

La defensa sostiene que la acusación no tiene pruebas de sus acusaciones, “y pretende que este tribunal condene con las penas más altas a inocentes, quienes apenas fueron víctimas de un plan perverso para perjudicar políticamente a un gobierno que no era del agrado de los conspiradores (...) Los procesados deben ser absueltos”, reclama el abogado Alberto Alderete.

Vale recordar que los órganos de seguridad estaban en manos de los hombres de confianza de Fernando Lugo. Carlos Filizzola era ministro del Interior.

Los jefes policiales responsables del operativo fueron ascendidos antes de la caída del Gobierno.

A pesar de la precipitada llegada de los cancilleres sudamericanos a Asunción para apoyarlo y de las arengas de Nicolás Maduro a los militares en el Palacio de Gobierno para que defendieran a su comandante en jefe, el expresidente aceptó públicamente su destitución declarándola un acto jurídicamente irreprochable.

Tiempo después buscaron inútilmente adulterar lo sucedido pasando a invertir las culpabilidades, apoyados por una parafernalia propagandística nacional e internacional, que fue apagándose al ritmo del desgaste de los regímenes bolivarianos.

Lugo “flojo”

El club de gobernantes adictos trató de aislar al Paraguay durante el gobierno de Federico Franco, pero no hizo más que fortalecer las fibras de la nacionalidad, las que desde hace siglos mantiene la identidad nacional íntegra e indestructible.

No dejan de llamar la atención las observaciones de Marco Aurelio García, lugarteniente de Lula y Dilma Rousseff, en un artículo escrito más tarde en la revista “Política Externa”, donde virtualmente trata de “flojo” a Lugo “por no lograr construir una base parlamentaria de sustento y no haber convocado a los ‘movimientos sociales’ para presionar...”.

García decía que Lugo no fue capaz de instalar el “nuevo orden” que ya regía en Venezuela, Ecuador y Bolivia además de su país, Argentina y Uruguay.

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