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La apelación fue corrida al Consejo de la Magistratura para que conteste el recurso, en el plazo de ley.
La demanda de amparo fue promovida porque el Consejo de la Magistratura se negó a proporcionar información a la ciudadanía sobre el proceso de integración de terna para fiscal general.
El Consejo sigue ocultando a la ciudadanía cuál fue el resultado de la evaluación a los candidatos, tras ser examinados en las audiencias públicas. La sospecha es que los miembros del Consejo no realizaron las evaluaciones, ya que los candidatos a la terna ya estaban digitados.
El Consejo tampoco quiere revelar lo resultados de los tests de integridad, capacidad y personalidad a los que fueron sometidos los postulantes. Utiliza la excusa de que se trata de “información sensible”, pese a que en los exámenes se realizaron preguntas que no apuntan a la intimidad ni privacidad de los candidatos que puedan menoscabar su personalidad, como pretende hacer creer el titular del Consejo, Osvaldo González Ferreira.
Con el amparo y la ley de acceso a la información pública se conocieron los puntajes por méritos académicos y los recomendados del Tribunal de Honor.