La normativa busca básicamente que el sector privado pueda invertir en obras o servicios que hoy están con exclusividad en manos del Estado.
El principal argumento del Ejecutivo es que al presupuesto público no le sobran recursos para invertir en obras o servicios que hoy son reclamados con urgencia por la ciudadanía. Además, el sector empresarial advierte que ciertos sectores manejados por el Estado están frenando un mayor crecimiento de la economía por falta de inversiones, con lo cual también se impide la generación de empleos.
Los argumentos en contra de sectores políticos, sociales y sindicales es que la normativa va de contramano con la Constitución que exige una autorización legislativa para cada caso de concesión.
Además, alegan que otorgará mucho poder discrecional al presidente de la República para decidir sobre las alianzas con los privados, lo cual se podría convertir en fuente de corrupción. También alegan que empresas del Estado podrán ser privatizadas.
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Lo que dice el proyecto
La norma en ninguno de sus artículos prevé la posibilidad de vender activos de las empresas del Estado. Para salvar la exigencia de autorización legislativa para cada caso, establecida en el artículo 202, numeral 11, el proyecto no menciona en ningún caso la palabra concesión.
Además, el texto contempla una autorización general de alianza público-privada citando en forma taxativa los sectores que podrán ser objeto de los contratos.
Estos son algunos puntos polémicos: el Estado asumirá riesgos junto al sector privado y el Ejecutivo tendrá amplia decisión para determinar los niveles de riesgo. Además, el Ejecutivo podrá impulsar estas alianzas por licitación u otros mecanismos que no son especificados en la ley.