De unidad militar a un centro de entrenamiento paramilitar

JUAN E. O’LEARY (Martí Bogado Villalba, corresponsal). El asentamiento Ko’ê Rory, lugar donde el autodenominado Partido Comunista del Paraguay organizó un campamento de adiestramiento político y paramilitar fue asiento del Comando de Ingeniería durante la dictadura stronista, según fotografías exhibidas por el fiscal interviniente Marcelino González.  Los campesinos ingresaron en el sitio en 1996 y hasta ahora no pueden titular la tierra.   

Durante el régimen de Alfredo Stroessner, los militares ocuparon 3.700 ha como asiento de destacamentos, en el límite de la zona urbana. El Regimiento Escolta Presidencial tenía en su poder 1.000 ha, sin título alguno. El  Comando de Ingeniería poseía 1.700 ha y, por último, el R.I. 14 con 1.000 hectáreas colindantes entre sí. Los 2 últimos poseían  títulos de propiedad.   

Después del Golpe del 1989, los campesinos se organizaron en comisiones vecinales para reclamar esas tierras. En 1995, durante el gobierno colorado  de Juan Carlos Wasmosy, ante la posibilidad de una invasión, las FF.AA. llevaron las tierras tituladas a remate. Las 1.700 ha del Comando de Ingeniería fueron adquiridas por la firma Esmeralda, propiedad de Enrique Díaz Benza, que pagó por las mismas G. 970 millones, según Gregorio Flor,  dirigente de la Comisión Vecinal San Miguel que reclamaba esas tierras.

En 1996, tras obtener la expropiación en el Congreso Nacional, los campesinos ingresaron al inmueble y procedieron al loteamiento. Dividieron cada parcela en grupos de 5 ha sobre la ruta y 8 ha en el interior. También dejaron una parte destinada a zona urbana.

Negociado

La firma Esmeralda interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la ley de expropiación y, según Flor, Díaz Benza cobró al Estado 16.000 millones por las tierras que había adquirido por un valor 15 veces menor. El dirigente  aseguró que "el robo" se concretó sin que ninguna institución gubernamental haya intentado impedirlo.

A pesar de que las tierras volvieron a ser del Estado, con un escandaloso negociado, los ocupantes hasta ahora no pueden iniciar ningún proceso de titulación, ya que la entidad encargada de la distribución de la tierra (IBR primero, Indert ahora) no se preocupan por aprobar planos y fijar precios para que los agricultores puedan comenzar a pagar por las parcelas que ocupan.   

A este hecho se debe agregar que muchos de los ocupantes originales se vieron en la necesidad de vender sus tierras, parcelarlas de nuevo. Esto ante la imposibilidad de mantener el arraigo por falta de asistencia técnica y crediticia del Gobierno que no se preocupó en impedir el negociado y después dejó a los campesinos librados a su suerte.