La verificación incluyó tres rubros: adquisición de computadoras personales, alquiler de sede del MDP en Mcal. López y Estados Unidos de Asunción y servicio de eventos.

La Contraloría califica de irracionales los precios adjudicados que sobrepasan el 50% en la adjudicación de servicios de eventos. Observa incluso diferencias de precios del 900, 800, 300 y 200%. El ente contralor recomienda a la Fiscalía iniciar acciones para determinar y comprobar las causas que generaron esas diferencias y deslindar responsabilidades.

Yore está imputada por casos de usurpación de funciones de la Corte Suprema al designar abogados como defensores públicos.