Defensor del Pueblo alquila nueva sede en su “valle”

El defensor del Pueblo, Miguel Godoy, desde noviembre alquila un salón en su “valle”, Itá, como sede de una defensoría departamental. Empero, en otros importantes puntos del país los funcionarios trabajan en oficinas de otros entes.

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Un nuevo local de la Defensoría del Pueblo, que funciona como sede departamental en Central, fue inaugurado en noviembre y se encuentra en Itá, el “valle” del responsable de la institución, Miguel Ángel Godoy Servín.

El contrato de alquiler se firmó con Víctor Martínez Figueredo, el 16 de noviembre pasado.

Acorde el documento, este salón, con un baño y una cocina, cuesta mensualmente G. 6 millones, aunque el acuerdo, que es por 24 meses, es por un total de G. 150 millones, a pagarse en su totalidad en el periodo 2018, indica el contrato.

El monto que el defensor del Pueblo decidió pagar en alquiler para poner un local en su “valle” es exorbitante si se tiene en cuenta que la Fiscalía Zonal de Itá funciona en un edificio y allí paga, por tres departamentos y un salón, un alquiler de G. 6.800.000 mensuales, según informaron en el Ministerio Público.

Pero además del alto monto que representa anualmente para la Defensoría del Pueblo tener una oficina en la ciudad del jefe (pese a que la capital de Central es Areguá), hay otro detalle que no podría pasarse por alto. En importantes cabeceras departamentales, como Encarnación, Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero, esta institución no tiene sede propia, sino que funciona en oficinas montadas dentro de las gobernaciones.

En esos lugares, empero, la existencia de la Defensoría del Pueblo es de suma importancia si se tiene en cuenta que allí se encuentran, por ejemplo, penitenciarías superpobladas. Tal es el caso también de Coronel Oviedo, donde la Defensoría se instaló en una sede del Ministerio de Obras Públicas donde comparte el lugar con la Secretaría de la Mujer y Codeni. Su mantenimiento es de responsabilidad de la Municipalidad. En Caaguazú también funciona en una sede municipal.

Además de esta nueva sede en Itá, el defensor del Pueblo contrató como funcionarios del ente a más de 20 iteños, varios de los cuales gozan de importantes privilegios, como altos salarios, viáticos y bonificaciones, mientras en contrapartida, contratados con más de diez años de antigüedad no perciben ni salario mínimo, acorde las planillas de sueldo.

Algunos amigos de Godoy, contratados durante su administración, lo acompañaron en viajes al exterior con altos montos en viáticos. El defensor dijo que era para que lo ayudaran a llevar sus “bultos”. Ayer, 16 funcionarios del ente, principalmente directores, remitieron a ABC Color una carta negando los privilegios y defendiendo a Godoy.

mariana.ladaga@abc.com.py

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