Mencionó que tras visitas realizadas a las citadas penitenciarías escuchó reclamos de reclusos, entre los que resalta la absoluta ausencia de una correcta política funcional de la institución, ausencia de los defensores públicos y falta de visita y control de las carpetas fiscales y judiciales de sus defendidos.

En Tacumbú, de los 3.634 reclusos, el 60 por ciento es asistido por defensores públicos, quienes descuidan su labor y en muchos casos el recluso ni siquiera le conoce a su abogado. De esa población total, 2.744 son procesados sin sentencia. “Son datos alarmantes donde la justicia pronta desprende la mayor de las utopías”, dijo.

“Es más que evidente que la defensora general (Noyme Yore), en varios años de ejercicio en el cargo, ha demostrado una absoluta incapacidad de cumplir con sus funciones, evidenciándolo con un paupérrimo desempeño”, argumentó el defensor del Pueblo.

Agregó que hoy su continuidad merma legitimidad a su gestión frente al Ministerio de la Defensa Pública, principalmente porque está en pleno proceso penal con una convocatoria a audiencia preliminar.