Defensoría hizo desaparecer más de G. 1.100 millones

El 14 de noviembre pasado los defensores del Pueblo, Miguel Godoy Servín y Carlos Vera Bordaberry, titular y adjunto, respectivamente, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por supuestos hechos punibles de estafa, asociación criminal y lesión de confianza contra el exdefensor Manuel María Páez Monges (ANR) y la exdirectora de Verdad, Justicia y Reparación la imputada Judith Rolón (Avanza País).

Fue por la erogación de G. 200.000.000 que había donado la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) a la citada dirección pero que, al parecer, fueron a parar a una organización no gubernamental (ONG) dirigida por el hermano de Judith: Hernán Rolón.

Con base en esa denuncia, el fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Martín Cabrera, había solicitado informes a la EBY sobre aportes de la hidroeléctrica al Centro de Documentación y Archivo “La Casa de las Víctimas”. La EBY respondió que realizó aportes económicos al citado centro, en virtud de notas formuladas por la Defensoría del Pueblo y la Dirección de Verdad, Justicia y Reparación.

El informe señala que, conforme consta en el informe remitido por el departamento Financiero, la EBY realizó aportes económicos a ese centro por la suma de G. 1.377.724.787 desde el año 2009 hasta la fecha, 4 de enero de 2017.

La EBY también informó que la única rendición de cuentas que hizo el citado centro fue con relación al aporte brindado por la orden de pago N° 163.792, del 18 de abril de 2016, por la suma de G. 200.000.000, dice la nota firmada por Luis Fernando Canillas, asesor jurídico de la EBY.

Promoción de los DD.HH.

El 22 de mayo de 2012 el anterior defensor del Pueblo, Manuel María Páez Monges, y Judith Rolón, titular de la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación, suscribieron un convenio marco de cooperación con la Entidad Binacional Yacyretá, con el objeto de implementar un plan de apoyo interinstitucional en el que se fomenten la cooperación y asistencia con recursos humanos, económicos y otros, que permitan fortalecer la promoción de los DD.HH. en el área de influencia de Yacyretá. En su denuncia ante la Fiscalía General los nuevos defensores pidieron la investigación pertinente para dilucidar los hechos que configurarían delitos de lesión de confianza, estafa y asociación criminal.