/arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/WF632ZKIAFAEFLXLTIK66HUZ3E.jpg)
Cargando...
De acuerdo a los sondeos en el Senado, la mayoría está a favor de ratificar la postura anterior de subir el impuesto al tabaco y establecer además un arancel extra de G. 1.500 por cada cajetilla.
La Cámara de Diputados, tras un lobby realizado por el empresario tabacalero José Ortiz, muy allegado al presidente Horacio Cartes, redujo el porcentaje al 18% y eliminó el arancel extra.
La decisión del Senado, según las consultas realizadas, dependerá de la postura que asuman los senadores de Colorado Añetete. Estos habían aprobado en bloque el aumento del impuesto e inclusive sumaron sus argumentos favorables a la iniciativa cuando se trató el proyecto en una sesión del 30 de noviembre de 2017.
En aquella ocasión hubo una amplia mayoría a favor del proyecto y solamente no lo respaldaron los senadores cartistas, de Unace y la liberal Blanca Fonseca.
Las dudas sobre la postura que asumirán ahora los colorados abdistas se deben al acercamiento político que existe actualmente con el presidente Cartes tras las internas partidarias del 17 de diciembre.
El negocio del tabaco es uno de los que genera mayor rentabilidad al grupo Cartes.
El senador Óscar Rubén “Cachito” Salomón, de Colorado Añetete, dijo ayer que posiblemente se ratificarán en su postura ya que la mayoría está de acuerdo con el aumento del impuesto.
Actualmente, el impuesto al tabaco está fijado entre el 13% y el 16%. En la Cámara de Diputados, tras un fuerte lobby implementado por las industrias tabacaleras a través del empresario José Ortiz, bajó el impuesto a un porcentaje de entre 18% y 22%.
El proyecto aprobado en el Senado, que generaría una recaudación de US$ 500 millones al año dispone destinar el 45% de la recaudación al Ministerio de Salud para distintos programas, entre ellos el Alimentario Nutricional Integral. Asimismo, otro 45% al Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación para distintos programas, entre ellos el de Atención Integral a la Primera Infancia.
Finalmente, el 10% se transferirá a los gobiernos municipales para los programas de las Consejerías de los Derechos de del Niño, Niña y Adolescente.