En su última sesión, el Senado aprobó en general, pero postergó una semana el estudio en particular del proyecto de ley que busca que las declaraciones juradas de bienes de funcionarios públicos, incluyendo los de cargos electivos, sean públicas y anuales.
La ley vigente obliga ahora a los funcionarios a hacer su declaración cuando ingresan y cuando dejan el cargo. El nuevo proyecto dispone que se debe actualizar la declaración cada año. Actualmente dichos documentos son resguardados por la Contraloría General de la República (CGR), ente cuyo titular Enrique García se niega a entregar como información pública pese a fallos judiciales.
El proyecto legislativo fue presentado el 20 de julio por el senador Paraguayo Cubas (Cruzada Nacional) e inmediatamente el senador llanista Dionisio Amarilla (PLRA) presentó una propuesta similar y ampliada con el nombre de “ley de datos abiertos”.
Según especulaciones en el ámbito legislativo, la intención de parlamentario liberal era dilatar el estudio del primer proyecto.
A esto se suma que la esposa del legislador azul, Analy Valiente, es la Directora de Control de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República. Dicha dependencia fue cuestionada por haber “blanqueado” al exsenador Óscar González Daher (ANR), entre otros.
La iniciativa del senador Paraguayo Cubas busca modificar la Ley Nº 5033/13, que reglamenta el artículo N° 104 de la Constitución Nacional, sobre Declaraciones Juradas de Bienes.
Posible trampa
Cubas informó que a pedido de senadores de otras bancadas, el proyecto podría agregar como requisito de contratar con el Estado o recibir fondos públicos que los directivos de ONG, proveedores y contratistas también presenten sus declaraciones juradas.
Incluso se evalúa agregar a dueños de medios masivos de comunicación.
Cubas dijo que estos pedidos en realidad buscaban “hacerle pisar el palito” para que la ley sea declarada inconstitucional e inaplicable y así beneficiar a funcionarios estatales.
El legislador aclaró que, para evitar esta situación, incluyó esta propuesta en un artículo independiente para que en caso de conflicto judicial, se anule solo ese artículo y se mantenga vigente el espíritu de la ley. El estudio final de proyecto se realizará este jueves.