El perjuicio contra el Banco Nacional de Trabajadores (BNT) se perpetró entre los años 1993-1996, época en la cual se otorgaron créditos ilegales y sin respaldo real por unos G. 253.000 millones, equivalentes a más de 100 millones de dólares de la época, y cuya falta de recuperación llevó al ente financiero a la quiebra.
La presidencia del banco en aquel entonces estaba a cargo de Édgar Cataldi y todo el proceso fraudulento tuvo supuestamente la protección política de Juan Ernesto Villamayor y del actual senador Juan Carlos Galaverna.
Según consta en el expediente criminal del BNT en las evidencias aportadas por Jorge Alberto Robineau (expresidente de Arenas SA, una de las empresas-pantalla), utilizadas para el vaciamiento del banco, Villamayor y Galaverna percibieron coimas calculadas en más de G. 1.000 millones en aquella época, a través de la contabilidad negra de Arenas SA y luego disimuladas con facturas prefabricadas en la contabilidad legal.
El sustento a nivel sindical fue dado por los gremialistas Alan Flores (extitular de la CUT), Gerónimo López (CPT) y Reinaldo Barreto Medina (Cesitep). Estos fungieron hasta de prestanombres en la concesión de créditos y en las asambleas del BNT organizaban “la aplanadora de votos” que aprobaba los balances maquillados presentados por Cataldi sin siquiera analizarlos.
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Cuando el caso fue denunciado ante la Justicia, Villamayor asumió la defensa de Cataldi.
Procesado en caso venta de Copaco
En el 2001, bajo la administración de Luis Ángel González Macchi, cuando se desempeñaba como secretario de la Reforma, Villamayor fue procesado por supuesto hecho de lesión de confianza en el caso de privatización de Copaco.
Según documentos, el 15 de noviembre del 2001 la hasta entonces Antelco se convirtió en Copaco SA ante la Escribanía Mayor de Gobierno, a un costo cero en lo que respecta a honorarios profesionales. La cuestionada escritura de aumento de capital de Copaco en G. 348.536.000.000 se formalizó el 19 de diciembre de dicho año ante el escribano Jorge Fernández Zaván, a quien Copaco pagó por ello G. 2.877.212.052, de los cuales G. 1.427.005 correspondieron a los gastos inherentes a la escritura pública, tales como tasa judicial, certificado catastral, certificado de registro de propiedad, trámites judiciales, etc., mientras que los G. 2.614.222.500 –unos 500.000 dólares– correspondieron al pago de honorarios del notario.
Villamayor fue procesado en este caso junto al entonces procurador Juan Carlos Barreiro y el escribano Jorge Fernández Zaván.
Caso helicópteros
Por otro lado, el futuro ministro del Interior se desempeña como abogado de la firma Proibérica SA que durante el gobierno de Fernando Lugo (2008-2012) y bajo la administración de Rafael Filizzola vendió al Estado cuatro helicópteros inservibles a un costo supuestamente sobrefacturado. El monto total fue de G. 49.000 millones.
La Fiscalía inició una investigación e incluyó en el caso a los representantes de la firma, los ciudadanos españoles Guillermo Casado y Álvaro Lasso Génova.
El caso ya estaba para ser elevado a juicio oral pero el jueves, coincidentemente con el anuncio de que Villamayor será ministro del Interior, la Corte hizo lugar a una acción de inconstitucionalidad con lo que se anuló la elevación del caso a juicio.
La cartera de Estado llegó a realizar un desembolso de unos 45.000 millones y se negó a pagar un resto de G. 4.908.574.148. Proibérica, bajo patrocinio de Villamayor, intentó efectivizarlo y presentó una demanda ante la justicia, pero la misma fue rechazada por el juez en lo civil y comercial Miguel Ángel Rodas.
Para efectivizar presentó varias facturas de distintos conceptos.
Caso Ivesur
A fines del 2016 la firma Ivesur, dedicada a la inspección vehicular en Asunción, también bajo patrocinio del abogado Villamayor intentó despojar a la Municipalidad de Asunción de la suma de 12 millones de dólares por supuesto incumplimiento de contrato. Esto fue en el marco de una demanda que se tramitaba en un tribunal arbitral de la capital.
Lo curioso del caso es que el monto inicial solicitado fue de 9 millones de dólares, pero se elevó a 12 millones coincidentemente con el nombramiento del hoy contralor Enrique García como director jurídico de la Municipalidad de Asunción.
Nuestro diario tuvo acceso a un documento donde inclusive se mencionaba cómo se iba a repartir el dinero, e involucraba a Villamayor, quien se desempeña como representante legal de la firma demandante.
Según el escrito, el abogado se iba a quedar con el 50% del monto cobrado, o sea 6 millones de dólares.
Fuentes fidedignas habían manifestado que existía un acuerdo entre García y Villamayor para que la Municipalidad “pierda” el caso y pague la suma mencionada a Ivesur. Ambos sectores desmintieron ello, sin embargo, la Municipalidad perdió la demanda, aunque por un monto final cercano a los 4 millones de dólares.
García ni siquiera apeló el fallo del tribunal arbitral, dejando de esa forma que la sentencia inicial quede firme.