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El escrito fue presentado al fiscal adjunto de Delitos Económicos y Anticorrupción Federico Espinoza y está patrocinado por las abogadas Kattya González y María Esther Roa, de la Coordinadora de Abogados del Paraguay.
En la denuncia se detalla que la madre del hijo extramatrimonial del diputado liberal sufrió amenazas y persecuciones, inclusive penales, por parte de Buzarquis, con la intención de que el caso no tome estado público. La mujer ahora reclama que tras negar la paternidad de su hijo, el diputado decidió “reconocerlo” de forma unilateral el día 30 de diciembre del año pasado ante la oficina del Registro Civil de la Ciudad de Caaguazú, a cargo del oficial Diego Manuel Crosta.
“Ante tamaña decisión le pregunté cómo había hecho para reconocer al niño, sin que yo lo autorizara o le proveyera algún documento sobre la existencia de nuestro hijo, a lo que respondió: ‘Te dije, yo tengo influencias. Ya solucioné todo. El oficial del registro civil me debe el puesto, es mi amigo’. Luego, manifestó que iniciaría los trámites de adición de apellido y prestación de alimentos y como tenía varios hijos, lo que según ‘la ley’ correspondía a nuestro hijo por asistencia alimenticia eran G. 2.500.000, para posteriormente comprometerse, después de la feria judicial, a traerme los papeles para que ‘me allane’ al pedido y se termine todo este circo”, dice la denunciante.
La madre del pequeño indicó que decidió no denunciar el probable tráfico de influencias porque Buzarquis mostraba intenciones de relacionarse con el niño. Todo cambió el 12 de febrero pasado cuando tuvo conocimiento de que el diputado tramó un “primer” reconocimiento de su hijo, que fue en fecha 7 de mayo de 2015, por parte de quien “funge de chofer y es su personal de confianza”, Luciano Acosta Sosa. El “reconocimiento” fue con el mismo oficial, Diego Crosta, en Caaguazú.
En el escrito se solicita la investigación de hechos punibles como tráfico de influencias y producción de documentos no auténticos que sirvieron para consignar datos falsos y alterar libros registrales, lo que ocasiona que hoy un niño tenga “dos padres y una madre, porque el Registro Civil se sometió a los caprichos de una persona, peligrando el derecho constitucional a una verdadera identidad”.
Un esquema “perverso”
La abogada Kattya González indicó que lo que pasó en la oficina del Registro Civil de Caaguazú “revela un esquema perverso a través del cual se permite obtener documentos auténticos de contenido falso y usarlos incluso en procesos judiciales en curso. Con esta lógica de corrupción y tráfico de influencias, cualquier persona podrá inscribir a uno, dos o cincuenta niños paraguayos y con esos certificados sacar a los mismos del país y trasladarlos a otros lugares con fines desconocidos”.