Godoy dijo que reunieron tres denuncias este año y una del 2013 durante la gestión de Manuel María Páez Monges, quien cajoneó el expediente. Agregó que el funcionario, quien pedía hasta G. 4 millones por trámites, ya fue destituido y oficializarán la denuncia ante el Ministerio Público cuando acabe la huelga en la Fiscalía.

El alto funcionario señaló que a la fecha, mediante la ley especial que concede indemnizaciones a víctimas de la dictadura, el Estado ya desembolsó 115 millones de dólares. Agregó que actualmente de 10 pedidos de pensiones, solo dos son realmente víctimas.

Admitió que esta dinámica de repartir el dinero del contribuyente debe acabar progresivamente pero no así la función de la Defensoría del Pueblo de facilitar trámites y derechos a ciudadanos desvalidos en otras cuestiones sociales.