CIUDAD DEL ESTE (De nuestra redacción regional). Los magistrados y fiscales poseen lujosas residencias en las zonas más exclusivas de Ciudad del Este y en el Paraná Country Club de Hernandarias. Además circulan en lujosos vehículos de último modelo.
El salario de un magistrado es poco más de G. 15 millones. Sin embargo, estos al parecer encontraron una fórmula para multiplicar sus ingresos.
Las fotografías de las residencias de los jueces y fiscales fueron entregadas el jueves pasado al presidente del Jurado de Enjuiciamiento, Jorge Ávalos Mariño, para que dicho órgano pueda adoptar alguna medida al respecto y ante la grosera ostentación que los funcionarios hacen de su riqueza.
Las imágenes forman parte de una lista de pruebas que los miembros del Colegio de Abogados del Alto Paraná entregaron junto a las denuncias puntuales en contra de magistrados por mal desempeño de sus funciones.
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Entre los magistrados cuestionados se encuentra la jueza Norma Gamarra, quien tiene su casa en el Paraná Country Club, la zona residencial más costosa de Alto Paraná. En el inmueble además se pueden observar varios vehículos.
Otro de los cuestionados es el juez Manuel Trinidad, quien posee una residencia de dos plantas en el Área 4 de Ciudad del Este.
El cuestionado magistrado fue suspendido por el Jurado el año pasado ante la concesión irregular de medidas de urgencia a importadores de perfumes, pues una auditoría de la Corte confirmó que violó la Constitución en la tramitación de amparos. Trinidad contaría con la protección de políticos liberales y ministros de la Corte Suprema.
Los abogados del Alto Paraná llaman también la atención sobre el estilo de vida del juez Wilfrido Velázquez, quien también posee una residencia en el Paraná Country Club.
Velázquez contaría con la protección de políticos y algunos ministros de la Corte, de otra forma no se explica cómo puede gozar de tanta impunidad, ante la vida lujosa que lleva.
Estos son algunos de los jueces que hacen gala impune de un estilo de vida que difícilmente puedan justificar con el salario que perciben como magistrados.
El abogado Mauro Barreto, presidente del CAAP, explicó que pidieron a Ávalos que en cada caso concreto se investigue si los magistrados actuaron bien o mal. “Que sean objetivos en sus investigaciones. Vamos a esperar qué decide respecto a nuestra denuncia. Si hace su trabajo como corresponde, con todas esas evidencias tiene que tomar medidas y tiene que sanear el Poder Judicial en Alto Paraná”, señaló Barreto.
Dijo además que los profesionales agremiados en el Colegio de Abogados están sufriendo una suerte de represalias de los jueces del Alto Paraná y que por ello ya no pueden trabajar porque los jueces amenazaron con inhibirse de todos los profesionales miembros del CAAP.
“El Poder Judicial es la institución más corrupta, según organismos internacionales, no lo decimos nosotros. Los jueces que actúan bien no tienen por qué preocuparse de la investigación”, alega.
La denuncia de los abogados del CAAP ocasionó la reacción de otros grupos de profesionales que se sienten afectados, pues afirman que los jueces ahora se niegan a conceder medidas alternativas o sustitutivas a la prisión.
Se espera que también la Corte tome medidas.
ESPERAN SE INVESTIGUE
Los miembros del Colegio de Abogados del Alto Paraná esperan que la denuncia sea investigada.
Los antecedentes presentados al Jurado incluso pueden ser remitidos al Ministerio Público, ante la sospecha de enriquecimiento ilícito.
La Fiscalía sería el órgano para indagar de dónde los magistrados sacaron el dinero para construir las costosas residencias y comprar lujosos vehículos.
Hay que ver si el Ministerio Público actúa, atendiendo que la mayoría de sus integrantes formarían parte de la rosca que se enriqueció gracias a su cargo. Los procedimientos extorsivos constituyen un medio para “recaudar”, dicen.