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En el quinto punto del orden del día de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de hoy figura el pedido de desafuero del diputado colorado José María Ibáñez.
El legislador está imputado por los supuestos delitos de estafa y cobro indebido de honorarios.
El pedido de desafuero fue remitido en diciembre pasado a la Cámara de Diputados por el juez Rubén Riquelme. El magistrado posteriormente, mediante chicanas, fue apartado de la causa quedando esta a cargo de Miguel Tadeo Rojas.
El presidente de la comisión asesora de la Cámara Baja, Ramón Romero Roa (ANR), confirmó que el pedido de desafuero fue girado a Asuntos Constitucionales ayer a las 13:00 después de que se haya confeccionado todo el orden del día para hoy, que consta de cuatro puntos.
No obstante, manifestó que será incluido como quinto punto. La reunión de la comisión se inicia a las 10:00. Romero Roa no quiso opinar si hoy mismo se tendría un dictamen. Este es el segundo caso de desafuero que tratará este órgano en este periodo legislativo. El primero fue del diputado por el PLRA Milciades Duré, quien había sido convocado para realizar su descargo, hecho que se repetiría con Ibáñez.
El legislador colorado fue procesado tras ser detectado que logró la contratación como funcionarios de la Cámara de Diputados de tres personas que oficiaban de cuidadores de su casa quinta ubicada en el distrito de Areguá.
Se trata de Favio Gómez, Viviana Falcón y Éver Isaac Falcón. Los tres figuraban como contratados en Diputados desde agosto pasado; sin embargo, ninguno de ellos hacía oficina en el Legislativo.
Favio Gómez admitió dicha situación en su primera declaración realizada a nuestro diario el 28 de noviembre del 2013.
El hombre manifestó que se enteró mediante el buscador de funcionario público que habilitó nuestro diario en su página web que figuraba como trabajador de Diputados.
Aclaró, sin embargo, que el sueldo que allí se mencionaba no era el que percibían. Dijo que tanto él como Éver Isaac percibían G. 1.000.000 mensual mientras Viviana G. 500.000.
En la Cámara Baja los tres figuran con salario de G. 2.500.000.
La fiscalía confirmó que al menos uno de los cheques librados a nombre de uno de los “funcionarios” fue efectivizado por el propio Ibáñez.
El legislador en su defensa dijo que había adelantado su sueldo al trabajador, por ello él tenía en su poder su cheque.
Con Ibáñez también fue imputada su esposa, Lorena Plabst, y la jefa de gabinete del legislador, María Liz Gutiérrez.
Concursando
Ibáñez pidió en la Cámara de Diputados la recontratación de sus “caseros”.
Ayer se presentaron ante la dirección de Recursos Humanos para someterse al examen en el marco del concurso de méritos.