Desde CDE se remesaron dólares a países donde se financia terrorismo

El canciller Luis Castiglioni y la titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, María E. González, había solicitado pruebas a los que hicieron la acusación.

El presidente de la Corte, Raúl Torres Kirmser, por su lado aseguró que tampoco tiene conocimiento de que desde Ciudad del Este se financia el terrorismo.

El congresista de los Estados Unidos, Robert Pittinger, dijo en un foro realizado en Asunción que el grupo terrorista Hezbolá blanquea dinero en el país y que tiene grandes bienes. Por otro lado, el investigador norteamericano Emanuel Ottolenghi también habló sobre el lavado de dinero y la financiación del terrorismo internacional desde Paraguay, en la zona de la Triple Frontera (compartida con Argentina y Brasil).

Sin embargo, las autoridades paraguayas afirman desconocer el hecho, pese a que existen una importante conclusión del Ministerio Público, que asegura que desde Ciudad del Este se remesaron dólares a países en donde se financia el terrorismo. La fiscalía llegó a esta afirmación luego de reunir las pruebas en la investigación del lavado de US$ 600 millones, entre los años 2010 y el 2011. La plata era enviada a través de los bancos Sudameris, Regional, BBVA y Continental, que después fueron sancionados por el Banco Central del Paraguay, por incumplir las normas antilavado.

Luego, la Corte, en un criticado fallo dejó sin efecto la sanción a Continental.

Para ocultar el origen del dinero se crearon empresas de maletín. La fiscalía sindicó como cerebro del esquema al contador Felipe Ramón Duarte y Tai Wu Tung. Este último tenía la franquicia de la casa de Cambios Forex en CDE.

“Siguiendo el paso de las diferentes operaciones, una vez que las sumas de dinero se hallaban disponibles en las cuentas corrientes, se ordenaba sean remesadas casi en su totalidad a países extranjeros, tales como Afganistán, Estados Unidos de América, Panamá, Chile, Pakistán, Irán, Suiza, Emiratos Árabes Unidos, República Popular de China, Corea del Norte, India y otros”, refiere la acusación del Ministerio Público contra los acusados.

“Algunos de estos países en el periodo de tiempo de las transferencias eran considerados como jurisdicciones de alto riesgo y no cooperantes o jurisdicciones con deficiencias estratégicas, de acuerdo al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional encargado de establecer las políticas de prevención, detección y persecución de lavado de dinero”, enfatizó la Fiscalía.

El modus operandi consistía en expresar que ellas se destinaban para pago por mercaderías enviadas de proveedores de esos países a la República del Paraguay, para ello al presentar las solicitudes bancarias, se adjuntaba facturas proforma –proform invoice– o facturas –invoice–, supuestamente emitidas por esos proveedores, enfatizaron los investigadores del caso.

Sin embargo, la Dirección Nacional de Aduanas de Paraguay no registró ingreso de mercaderías para las empresas supuestamente importadoras e incluso en la mayoría de los casos las empresas proveedoras tampoco figuraban como proveedores de mercaderías al Paraguay y las pocas empresas que sí eran proveedoras, no realizaron transacción alguna con las investigadas, por lo cual se puede colegir que todas las remesas eran con la finalidad precitada, enfatizaron los fiscales que investigaron el caso.

El escrito señala que a través del esquema ilícito movilizaban grandes cantidades de dinero provenientes de actividades relacionadas con la comercialización de productos falsificados (piratería); narcotráfico; y contrabando, remesando a países extranjeros el dinero con origen de apariencia legal, luego de burlar los mecanismos de prevención y detección de lavado de dinero.

Las pruebas de los hechos fueron recolectadas por el Ministerio Público y fueron presentadas en un juicio oral, en donde la mayoría de los implicados fueron condenados. Sin embargo, autoridades judiciales, del gobierno y de Seprelad afirman desconocer esta situación.

Dueños del dinero, ocultos

En el caso Forex, los fiscales Juliana Giménez, Carlos Giménez y Marcelo García de Zúñiga nunca identificaron a los verdaderos dueños del dinero. En la causa solo fueron condenadas personas de escasos recursos económicos utilizadas para depositar los dólares en los bancos involucrados. Sady Carísimo era la presidenta de la firma de portafolio Strong. Era secretaria de Felipe Ramón Duarte en su estudio contable. Era una persona humilde, pero depositó millones de dólares. En el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) hay una causa abierta sobre la actuación de los fiscales. El JEM debería indagar también al juez Amílcar Marecos, quien fue el último en intervenir en el proceso y dictó fallos muy complacientes a favor de los acusados.