El convenio también pretende hacer una revisión de lo que ha sido la participación electoral de los pueblos indígenas, de manera a pensar y ensanchar en el futuro la participación política de las comunidades y no limitar esta a la participación individual de sus miembros en los procesos electorales.
Igualmente, se busca aumentar los niveles de cedulación y fomentar el protagonismo en la defensa y promoción de sus derechos políticos con enfoque intercultural y de equidad de género, informaron.
Óscar Ayala Amarilla, en representación de Tierraviva, que forma parte de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, recordó que desde la misma concepción del Estado paraguayo se aplicó una política de privar de sus tierras a los pueblos indígenas para posteriormente limitar el ejercicio de los derechos ciudadanos solo a quienes son propietarios.
Mencionó que entre las medidas de reparación que deben ser impulsadas por las políticas públicas se tiene que garantizar la participación política, ya sea de miembros de las comunidades indígenas o de estas en su conjuntos en los asuntos de la vida pública.
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El líder indígena Gabriel Fernández espera lograr mayor libertad y capacitación para la participación política y para influir en los asuntos que le afectan.