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La Coordinadora de Abogados del Paraguay, a través de su presidenta Kattya González, había denunciado el planillerismo tras publicaciones de ABC Color.
El fiscal Espinoza ordenó ayer la investigación de María José Torres Ferreira, Valeria Eliana Torres Espínola y José Miguel Torres Espínola, hijos del ministro Raúl Torres Kirmser, y de los funcionarios judiciales Fanny Ramona López de Machuca, Hugo Ramón Quiñónez y Emilio Daniel Álvarez, quienes cumplen labores en el domicilio particular del alto magistrado pero cobran sus salarios en el Poder Judicial.
Las fiscalas Nadine Portillo y Josefina Aghemo serán las encargadas de indagar los hechos punibles, según dispuso Espinoza.
De acuerdo a publicaciones periodísticas, María José y Valeria Eliana Torres son “planilleras” del Poder Judicial. María José aparece como “asesora” pero está comisionada a la Dirección del Registro de Automotor. En ese lugar nadie la conoce y percibe un salario nada despreciable de G. 9 millones. Tras este escándalo, pidió 45 días de permiso sin goce de sueldo.
Por su parte, Valeria Eliana quedó en evidencia como planillera luego de renunciar a su cargo en el Poder Judicial y a un salario de G. 7.300.000, tras publicaciones periodísticas que confirmaban que estaba todos los días en su casa, en horario de trabajo.
En tanto que José Torres Espínola, hijo del mismo ministro de la Corte, aparece como “asesor” de su padre en la máxima instancia judicial con un salario de G. 12,4 millones al mes, monto que suele dispararse hasta G. 28 millones con sus viajes fuera.
El mismo cobró hasta G. 72 millones de viáticos por “acompañar” a su papá y, paralelamente, percibió horas extras pese a estar fuera del país.
Con relación a los funcionarios Fanny Ramona López de Machuca, Hugo Ramón Quiñónez y Emilio Daniel Álvarez, el Ministerio Público debe indagar cómo es que cobran sus salarios como funcionarios del Poder Judicial pero realizan labores en la casa particular de Torres Kirmser.
La Coordinadora de Abogados también pidió que el ministro sea indagado por utilizar recursos del Estado para su beneficio propio, según la denuncia.