El cambio en la dirección del Indert se materializó después de que el juez Rubén Riquelme admitiera la imputación formulada por la fiscala Victoria Acuña contra Ortigoza, señalado como uno de los presuntos responsables de un complicado negociado de tierras en los distritos de Atyrá y Tobatí, departamento de la Cordillera.
Además de Ortigoza, por el mismo caso también fueron imputados Emmanuel Friedmann, del Ministerio de Hacienda; Justo Gamarra, representante de las municipalidades; y Milciades Duré, exgobernador de Cordillera.
Ahora todos ellos deberán responder a próximos llamados del juez.
En diciembre del 2012, Ortigoza había dispuesto que el Indert adquiera 5.747 hectáreas de tierras por más de 60.000 millones de guaraníes a la empresa San Agustín, una firma ligada al presidente del Congreso, el senador oviedista Jorge Oviedo Matto.
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A pesar de que las tierras fueron adquiridas supuestamente en el marco de la reforma agraria, las mismas no son aptas para los fines esgrimidos por la institución compradora y todo formó parte de una maniobra en el marco de la alianza “líbero-oviedista”, denunciaron por su parte dirigentes políticos opositores.
La forma y rapidez con que adquirieron las tierras evidenciaron irregularidades que obligaron al Ministerio Público y el Poder Judicial a adoptar las medidas procesales, coincidieron en señalar por su parte la fiscala y el magistrado que tomaron el caso.